Margarita Ríos-Farjat fue elegida nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Senado de la República con el voto de 94 de los 122 senadores presentes, con lo que consiguió sin mayores problemas la mayoría calificada (dos terceras partes de legisladores en sesión) y con ello será la tercera mujer en la actual conformación del máximo tribunal de justicia del país para un periodo de 15 años.
En su comparecencia ante el pleno de la cámara alta la ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que la Suprema Corte tiene el papel de velar por sus sentencias y en ellas vigilar la solidez institucional del Estado mexicano, además de mantener una mirada atenta y crítica sobre sí misma a fin de predicar con ejemplo de solvencia, autonomía, honradez, eficiencia y distancia.
“Si algo debe cuidar el Estado mexicano son sus instituciones, hacer todo lo que sea necesario para que estas sean fuertes. México necesita crecer económicamente y para ello requiere que sus instituciones sean sólidas, profesionales e incorruptibles, no solo porque eso genera confianza sino porque además son las responsables de garantizar un ambiente de seguridad jurídica en el todo y para todos”, subrayó.
Y aseveró que tener instituciones parciales, ineficientes o corruptas es lo peor que le puede pasar a un país ya que son un signo de descomposición.
Orden jurídico y cambio
Al exponer su proyecto de trabajo Ríos-Farjat refirió que la sociedad se transforma constantemente. De ahí que también debe hacerlo el orden jurídico mexicano ya que, recordó, el derecho es la formalización de la realidad, lo que asegura que nuestros derechos están garantizados.
“Es por ello que el orden jurídico debe acompañar siempre al cambio, con inteligencia y sensibilidad, con atención a la realidad”, apuntó.
Resaltó que en estos momentos se realizan cambios fundamentales en la estructura del sistema de justicia mexicano, tanto en materia penal como en materia laboral; un cambio jurídico e institucional que responde a necesidades sociales que por mucho tiempo estuvieron aplazadas.
“Como todo gran cambio se generarán incomodidades y contradicciones que habrán de resolver las autoridades judiciales y eventualmente la Suprema Corte, con la mayor sensibilidad a esas expectativas y con la mayor inteligencia para ser factor de coherencia jurídica en estos procesos”, añadió.
Expresó que la justicia no deja de impartirse aun cuando se encuentre en un proceso de mudanza institucional, por lo cual deberá cuidarse que los costos de tiempo o curvas de aplicación y de aprendizaje no sean pagadas por quienes viven hoy los procesos penales o laborales, sea cual sea el lado donde les toca.
“Lo que existe en todo litigio son situaciones reales, no hipotéticas; los expedientes tienen historias de vida; cuando no lo comprendemos así lastimamos a quienes buscan una solución a sus problemas más humanos y más sensibles. No debemos olvidar que en nuestro orden jurídico hay además una fractura que no hemos logrado subsanar”, comentó.
Al servicio de la gente
Ríos-Farjat hizo énfasis en la necesidad de que los mexicanos sientan que la justicia es posible, que la palpen, que la reciban y que la hagan suya. Todos los aparatos e ideas de la justicia solo tienen sentido si están al servicio de la gente, señaló.
Sin embargo reconoció que desafortunadamente hay ocasiones en que existe una gran distancia entre la fracción de una sentencia maravillosa y su ejecución a ras de suelo; y para una gran parte de nuestra sociedad la justicia suele llegar tarde y tan descalza como quienes acuden a ella.
“Esta es una dolorosa realidad que no admite eufemismos para ocultarla. Es más: ni siquiera que se haga el intento por ocultar, porque simple y sencillamente muchas veces no la vemos, no queremos enterarnos lo que en ella pasa”, dijo.
Subrayó que falta mucho por hacer en temas de justicia pero admitió que se avanza en gran medida gracias a luchadores que no se cansan y llevan sus causas hasta las últimas instancias.
En este sentido, agregó, la justicia tiene muchos aliados en sus más diversos temas, aunque matizó al decir que falta mucho que hacer por las mujeres, por su cabal integración en todos los aspectos; por los indígenas debido al largo olvido en que han estado; y especialmente por los niños, por quienes sufren discriminación, no tienen oportunidades y se encuentran en el desamparo económico.
Sistema justo y coherente
Margarita Ríos-Farjat destacó que en este contexto la Suprema Corte como máxima garante constitucional está obligada a utilizar de forma más creativa posible todas las herramientas interpretativas y jurídicas a su alcance para contribuir a subsanar esas desarticulaciones.
De no ser así, indicó, difícilmente podremos hablar de que nuestro sistema jurídico es coherente y justo. “Podremos decir que el esfuerzo se hace, que hacia allá vamos, pero en realidad vamos hacia esa coherencia y esa amplitud gozosa”.
Y si bien reconoció que no corresponde hacerlo todo a la Suprema Corte es innegable que como cabeza del Poder Judicial mucho puede aportar a mantener la coherencia del sistema jurídico mexicano.
De igual forma destacó que hay mucho que hacer en los sistemas de justicia en los estados y hacen lo que pueden, pero se debe reconocer que ahí existen grandes carencias y devaneos a la hora de ser firmes en la impartición de justicia.
También expuso que hay desarticulaciones procesales muy graves, lo que genera incoherencias jurídicas, lagunas, espacios para la injusticia en la corrupción. Dijo que son los estados, municipios, comunidades, ejidos y pueblos los que conocen sus problemáticas y no podría asumir a priori que su visión sea mantenerse impávidos al respecto.
Consideró que quizás estas dislocaciones en el sistema de justicia tengan que ver con el federalismo, cuyo modelo va quedando cada vez menos claro, al abrogarse la Federación las atribuciones.
Ríos-Farjat reconoció así tanto los avances como los pendientes del sistema de justicia en el país, al que ofreció contribuir de la mejor manera como ministra de la Suprema Corte.
Perfil
Ana Margarita Ríos-Farjat nació en Monterrey, Nuevo León, en 1973. Estudió leyes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la misma universidad neoleonesa.
Tomó cursos especializados impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal y la Bolsa Mexicana de Valores.
Es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Antes de ser elegida ministra de la Suprema Corte se desempeñaba como jefa del Servicio de Administración Tributaria.
Su experiencia en el sector público inició en 1996 en el Poder Judicial de la Federación. Desde 1999 ejerce como abogada independiente. También se ha desempeñado como profesora de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey y coordinadora de una cátedra en la Universidad Metropolitana de esa ciudad regia, entre otros cargos académicos y sociales.