Por Katia D’Artigues
Julio Santaella lo dice con una sonrisa, sabiendo que hace un chiste (que, como dice Freud, siempre tiene algo de verdad) en este país en el que se ha popularizado y hasta vuelto caricatura preocupante esto de tener “otros datos”.
—Yo tengo LOS datos —asegura.
Tiene razón el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un organismo autónomo esencial para el país que se ha salvado de las críticas de la 4T y que este año estará a prueba al tener por primera vez en la historia en el mismo año del levantamiento los resultados del Censo de población y vivienda que se realiza cada década.
En cuatro semanas, del 2 al 27 de marzo, un ejército de 151 mil entrevistadores y otras figuras operativas (este año el INEGI tiene 13 veces su plantilla regular por ello) recorrerán los casi dos millones de kilómetros cuadrados de México —como la superficie de Nuevo León— por día. Sabremos los resultados el 4 de noviembre de este mismo 2020.
Hay cosas nuevas y también retos.
Por ejemplohay zonas donde ya comenzaron desde hace meses a hacer trabajos para que los dejen entrar. Es necesario hacer concertaciones lo mismo con autoridades legales como de facto: administradores de edificios de alto nivel adquisitivo o privadas cerradas, lugares que están bajo control de delincuentes, autodefensas o bien mercados que tienen asociaciones de locatarios y quizá no todo lo que venden es legal. También cárceles, conventos, centros de asistencia, estaciones migratorias.
Los censos económicos les han dado idea de las zonas con focos rojos y ya tienen alianzas con organizaciones y personas que abren puertas; también protocolos de seguridad. Algunas de ellas son las diferentes iglesias. Tienen un acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano y Santaella comenta que el obispo de Chilpancingo, por ejemplo, le dijo que antes de que los encuestadores subieran a la montaña de Guerrero le avisaran: “No vayan solos”.
La pregunta sobre religión, por cierto, es abierta. Hay más de 100 mil asociaciones registradas en Gobernación y al tener una pregunta de opción múltiple muchas se quejaron. La religión es algo que provoca enfrentamientos hasta dentro de las familias. También por eso no se preguntará sobre orientación sexual o identidad de género, que se buscará medir por medio de otros métodos. Pero sí tendremos número de familias homoparentales, por ejemplo.
Ebrard hará parte (¡también eso!)
Hay parte del censo que no hará el INEGI sino la Secretaría de Relaciones Exteriores: se trata de las embajadas de México en otros países, que forman parte del territorio nacional.
Hay datos que revelarán cómo sigue cambiando la sociedad mexicana: un tema que le interesó mucho al presidente López Obrador cuando Santaella se reunió con él es lo que revelará el censo sobre la integración familiar… y su posible desintegración. Se incluyó una pregunta de migración y movilidad: cómo los diferentes integrantes de una casa han cambiado de residencia en los últimos cinco años.
Por primera vez —salvo en lugares donde saben que pueden ser víctimas de robo— los encuestadores llevarán una “phableta” para recabar los datos: una suerte de tableta de tamaño ligeramente mayor al de un teléfono, que les permitirá ahorrarse 900 millones de pesos entre toneladas de papel y también el sueldo de un batallón de capturistas.
También será la primera vez que en un censo se pregunte si alguien se considera afrodescendiente (desde 1895 se ha preguntado respecto de población indígena). Y habrá, por primera vez, habitantes humanos en Palacio Nacional desde hace muchos años: la familia del presidente. Por cierto será el presidente del INEGI quien les levantará personalmente la encuesta.
El censo sirve para todo: saber cómo distribuir el dinero de la Federación, hacer los distritos electorales, medir la pobreza, delimitar zonas metropolitana, hacer todas las acciones de los diferentes gobiernos, es decir, políticas públicas, aunque en la 4T sea un término que no les encante.
De la reforma al Poder Judicial
Va avanzada la llamada “reforma con y para el Poder Judicial” que se anunció en octubre del año pasado. Todavía no hay un solo borrador escrito pero el saque vendrá del propio Poder Judicial. El ministro presidente, Arturo Zaldívar, revisó propuestas con calma este fin de año.
Ricardo Monreal ya dijo que será una prioridad del próximo periodo ordinario de sesiones. A 25 años de la reforma judicial tendremos otra ahora con, por primera vez, tres ministras de once integrantes. Quizá la joya de la corona de la reforma sea si se acepta (algo que muchos del Poder Judicial no quieren) que el Consejo de la Judicatura no lo presida el también presidente de la Suprema Corte. Sabremos pronto.