Siempre es sano llamar a las cosas por su nombre, excepto en política, donde la manipulación resulta muy rentable.
Los mexicanos sabemos muy bien lo que es el crimen organizado, que está formado por organizaciones que llevan a cabo actos criminales, como tráfico de drogas, secuestro o extorsión. El gobierno no ha tenido mucho éxito contra ellas. El 17 de octubre del año pasado detuvo a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, en Culiacán; pero después de un despliegue del Cártel de Sinaloa, que mató a algunos militares y retuvo a familiares de otros, el gabinete de seguridad decidió que era mejor soltarlo. El verdadero crimen organizado no se anda con cuentos.
Sin embargo en lugar de mejorar las estrategias o fortalecer a los cuerpos policiales y militares, el gobierno opta por crear una nueva definición de crimen organizado. Ahora está compuesto de empresarios que llevan a cabo deducciones que Hacienda piensa que son incorrectas o contrata personal con reglas que no le gustan al gobierno.
Carlos Romero Aranda, el procurador fiscal de la Federación, anunció este 15 de enero que el gobierno considerará como miembros del crimen organizado a empresas que llevan a cabo lo que llamó “outsourcing ilegal”. En la mañanera de ese día afirmó: “La reforma busca castigar como delincuencia organizada a todas las empresas que dan servicio de outsourcing ilegal, es decir, tres o más personas que de forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal”.
Según el procurador “el régimen de delincuencia organizada (se aplica) para el que da el servicio de outsourcing, para todos estos grupos que prestan el servicio de tercerización. Para los patrones, que son los que contratan el servicio de tercerización o de outsourcing, este delito es contra la seguridad nacional…”
Costos
Pero ni las empresas que ofrecen servicios de outsourcing son integrantes del crimen organizado ni las que contratan sus servicios atentan contra la seguridad nacional. Son firmas dadas de alta en los padrones del Sistema de Administración Tributaria, con todos los engorrosos trámites que este exige. Tienen estrategias para reducir costos, es cierto, pero esto es normal en cualquier empresa del mundo.
México no es el único país en que se utiliza la tercerización. Si conviene contratar a una empresa para un trabajo en lugar de reclutar a trabajadores individuales, cualquier compañía del mundo lo hará. De hecho muchos de los empleos de nuestro país son producto de una tercerización que han hecho empresas estadunidenses y de otras naciones que no podían seguir siendo competitivas en un feroz mercado internacional con los sueldos que se pagan en sus países de origen.
El gobierno parece tener dos objetivos con este cambio de nomenclatura. Por una parte busca afirmar que ahora sí tiene éxito en la lucha contra el crimen organizado. No es lo mismo enfrentarse al Cártel de Sinaloa que a una empresa que ofrece servicios de limpieza. Si no puede detener a Ovidio Guzmán presumirá de llenar las cárceles con contadores y administradores.
El otro objetivo parece ser el de acabar con las empresas de tercerización. Y quizá lo logre, porque los castigos son brutales. El resultado, sin embargo, será negativo para el país: las empresas se verán obligadas a pasar los costos adicionales a los consumidores y muchas caerán en competitividad. Al final México perderá empleos, aunque el gobierno festeje el triunfo contra el crimen (des)organizado.