Para enfrentar el desbordamiento de la criminalidad, la violencia y la impunidad que sufre el país y que el año anterior dejó como saldo 34 mil 582 homicidios dolosos, se dio a conocer el proyecto de una reforma judicial que prevé quitar restricciones al arraigo, aceptar pruebas obtenidas indebidamente, establecer tribunales para juzgar a jueces y magistrados por actos de corrupción, crear un Código Penal Único y modificar la Ley de Amparo, entre los aspectos más sobresalientes y mayormente criticados por especialistas.
El proyecto de las iniciativas se presentaría el 15 de enero en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero se pospuso para cuando inicie el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero.
Sin embargo desde ya genera un duro rechazo y un fuerte debate entre expertos, constitucionalistas, penalistas y ciudadanos que no dudan en calificar el proyecto como “regresivo porque atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías individuales de los inculpados”.
En momentos en que prevalece un gran enojo social derivado de la impotencia de los mexicanos ante el embate de la delincuencia, manifestado en protestas contra la inseguridad, los feminicidios y otros delitos, surge esta propuesta que causa la repulsa general por el daño que provocaría contra las garantías individuales en caso de ser aprobada.
Pero el anteproyecto no solo genera polémica y debate: tampoco hay consenso entre el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Esto quedó de manifiesto con la ausencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el evento en el que se darían a conocer las propuestas de reforma judicial en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Ante la falta de acuerdos evidentes el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso a los titulares de Gobernación, la Fiscalía General y la Consejería Jurídica de la Presidencia no presentar la iniciativa hasta que haya consenso ya que no se podía pensar una reforma a la Ley de Amparo sin tomar en cuenta a la Suprema Corte, por ejemplo, según trascendió en el Senado de la República.
Retroceso
Las modificaciones que se proponen al sistema de justicia, aseguran expertos, provocarán un mayor número de arraigos, medida que ha sido declarada inconstitucional en varias ocasiones por la Suprema Corte; un mayor número de personas recibirían prisión oficiosa y se dejaría en indefensión a los inculpados frente a las pruebas que presente en su contra el Ministerio Público.
De igual forma aseguran que dejaría sin efecto gran parte de los avances que trajo consigo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (que sustituyó al sistema inquisitivo anterior a partir de la reforma de 2008) y que entró en vigencia a nivel nacional en junio de 2016 después de un proceso de aplicación paulatina a lo largo de ocho años.
Esa reforma al sistema de justicia tuvo como objetivo principal garantizar el debido proceso penal y con ello combatir la impunidad y contribuir a restablecer la confianza de los mexicanos en la impartición de la justicia, mediante procesos transparentes y equitativos entre las partes, con respeto a la presunción de inocencia y a las garantías individuales de los acusados.
“Peligro de autoritarismo”
El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, afirma que por muchos cambios penales que se realicen si no se cambian las capacidades de investigación de los policías y del Ministerio Público, si no hay una adecuada capacitación de los servicios periciales y una correcta aplicación del modelo, no se obtendrán los resultados que se esperan de esas transformaciones.
“Lo que sería muy grave decir es: ‘Como estamos teniendo altos niveles de impunidad hagamos un cambio de modelo, empoderemos al Ministerio Público, confiémosle a él o (a las) policías todas las condiciones investigadoras, restrinjamos derechos y esperemos que eso salga bien mientras resolvemos el problema de criminalidad’”, resalta Cossío.
Con el reconocimiento unánime de la grave crisis de seguridad pública que padece el país y la percepción generalizada de que no se ataca de manera efectiva la comisión de delitos, ya que estos quedan impunes en su gran mayoría, los expertos coinciden en señalar que debe tenerse mucho cuidado al momento de aprobar cambios al sistema de justicia porque “se corre el riesgo de regresar a prácticas autoritarias, opacas, violatorias de los derechos humanos en el combate a la delincuencia, en detrimento del Estado de Derecho y de la legalidad” que tanto anhelan los mexicanos.
Daño a garantías
El miércoles 15 de enero se anunció que durante la sesión permanente del Congreso de la Unión se presentaría el anteproyecto de la reforma judicial. Con ese propósito acudieron al recinto senatorial la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el procurador fiscal de la Federación, Alejandro Gertz Manero, y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.
Sin embargo la presentación formal de las iniciativas se pospuso para el 1 de febrero, cuando iniciará otro periodo ordinario de la LXIV Legislatura.
Un día antes circularon en redes sociales los anteproyectos de las iniciativas que prevén reformas a la Constitución; los códigos Penal Nacional y Nacional de Procedimientos Penales; las leyes de Amparo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía General de la República, del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, de Cultura y Justicia Cívica y de Ejecución Penal.
Respecto de las modificaciones a la Constitución se propone eliminar la condicionante al arraigo en relación con la delincuencia organizada, con lo que su aplicación no tendrá restricciones porque se quitaría el límite de 72 horas para poner a disposición a un indiciado, dejándolo de manera indefinida bajo el argumento de “determinar sin demora”.
También se establece que el imputado permanecerá detenido durante su desarrollo hasta la determinación de la medida cautelar.
Se busca eliminar la nulidad de pruebas obtenidas mediante violación de derechos y establecer que los elementos probatorios o pruebas consideradas ilícitas por los medios en que fueron obtenidas podrán ser tomadas en consideración.
Además elimina el derecho del indiciado a ser el único que puede solicitar la prórroga del auto de vinculación a proceso y restringe el acceso que actualmente tienen un imputado y su defensor a los registros de la investigación, limitándolos a los que estén “relacionados con la imputación”.
Se propone crear juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal cometidos por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, cuya responsabilidad penal estará a cargo de la SCJN, en tanto que la vigilancia y disciplina recaerán en el Senado.
Prevé la creación de un Código Nacional Penal que tiene como finalidad unificar los delitos y definir las conductas que constituyen los presupuestos de aplicación de la ley penal y los principios que regirán su aplicación por la comisión de una conducta que se considere como delito.
De igual manera sugiere la creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se propone un nuevo esquema para establecer sanciones que inhiban los altos índices de delincuencia, sin perder de vista el principio de proporcionalidad al momento de implementar las penas, a efecto de que estas resulten justas de conformidad con la conducta reprochable por la sociedad.
También establece modificaciones a la Ley de Amparo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la Fiscalía General de la República, entre otros cambios.
Sistema que persigue y castiga
El paquete de reformas que se propone genera un intenso debate entre los analistas, quienes consideran que esas propuestas representan graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso porque anulan la presunción de inocencia, restringen sustancialmente el amparo, dejan desprotegido al particular contra actos arbitrarios de la autoridad, criminalizan la libertad de expresión y castigan con cárcel las opiniones contra el sistema y el actuar de las instituciones.
En contraste, subrayan, reducen los requisitos legales para que la autoridad pueda afectar bienes y derechos de los particulares y flexibilizan los elementos que deben probarse para que se ordenen detenciones, se realicen cateos, formalicen investigaciones y se encarcele a los ciudadanos.
De aprobarse las reformas, advierten, se creará un sistema penal que persigue y castiga, con pocas posibilidades para que un particular que es investigado (incluso por probabilidades de participar en tentativas para delinquir) demuestre legalmente su inocencia.
Además, añaden, fomentarán la arbitrariedad, permitirán el espionaje y la persecución política, así como promoverán el actuar contra la dignidad, la vida y la privacidad al aceptar pruebas que se obtengan por medios ilícitos.
Otro riesgo grave es que permitirá al gobierno despojar de su patrimonio a los ciudadanos sin respetar el debido proceso. En este escenario, refieren, se fortalece el aparato punitivo (es decir, “castigador”) del Estado, al reducir las garantías de defensa del individuo y alentar la incompetencia de las autoridades al validar investigaciones deficientes; eliminar el juez de control encargado de verificar la legalidad de las actuaciones en la investigación de la Fiscalía, así como autorizar actos de molestia contra particulares.
Por si lo anterior no fuera suficiente afirman que los cambios propuestos no se limitan únicamente al sistema de justicia sino que atentan además gravemente contra el Estado de Derecho, la democracia y la división de poderes ya que proponen crear un cuerpo legal (Código Nacional Penal) sin tener las facultades constitucionales necesarias y crear tribunales específicos (jueces de responsabilidad penal) para juzgar a jueces, cuya designación y vigilancia estará a cargo del Senado de la República.
Debilita la defensa de particulares
De manera adicional, de acuerdo con diversos análisis de penalistas y constitucionalistas, de aprobarse la reforma como se ha difundido tendría un impacto directo a la defensa de los particulares ya que se eliminarían las restricciones para la autoridad de intervenir comunicaciones privadas en materia electoral y fiscal y se aceptarían pruebas ilícitas.
De igual manera las empresas (personas morales) podrían ser sancionadas por una nueva ley de justicia cívica en la que se establecerán sanciones como multa, amonestación o trabajo en favor de la comunidad, y comparecerán por medio de sus representantes legales, quienes serán responsables de realizar el pago de las multas y llevar a cabo la reparación del daño en nombre y representación de aquellas.
Se propone eliminar la posibilidad de amparo en materias relacionadas con conductas fiscales y financieras ya que se consideraría en perjuicio del interés social o que se contravienen las disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión del acto reclamado se afecte al sistema financiero, las finanzas públicas o se trate de delincuencia organizada.
Leyes y realidad
El 15 de enero, cuando serían presentadas las iniciativas, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, afirmó que en los últimos 20 años se hicieron esfuerzos en materia de seguridad que solo generaron respuestas parciales y ocasionan una falta de justicia que se sustenta en tres factores fundamentales: “Una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad”.
Gertz aseguró que se mantendría el modelo de justicia oral, se fortalecerían los mecanismos de protección a las víctimas y se protegería el debido proceso.
No obstante diversos analistas advierten de riesgos que implicaría la aprobación de una reforma judicial como la que trascendió.
Ana Laura Magaloni Kerpel, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subraya que el país atraviesa por una grave crisis de seguridad con altas tasas de impunidad y un sistema de procuración e impartición de justicia corrupto y débil, está entre aquellos que critican las propuestas de reforma judicial.
Con esta, explica, se abandonaría la ruta que se había fijado la reforma de 2008 para transformar un sistema de justicia penal autoritario en uno que cumpliera con los principios de un régimen democrático, como son la presunción de inocencia, observancia del debido proceso y respeto a las garantías individuales de los inculpados, entre otros.
De ahí que considera que los cambios que prevén el arraigo por todo tipo de delitos o la posibilidad de que pruebas recabadas ilícitamente puedan validarse en un juicio son propias de regímenes autoritarios.
Recuerda que la reforma de 2008 buscaba entre otros objetivos la profesionalización del trabajo en las procuradurías, así como la calidad de las pruebas en un proceso penal con el fin de acabar con la tortura y la fabricación de culpables como en el sistema de justicia anterior.
Sin embargo considera que el abandono y falta de apoyo de los distintos niveles de gobierno no han permitido al sistema acusatorio el desarrollo de sus capacidades de investigación y acusación en los juicios, sobre todo en los delitos de alto impacto.
Magaloni Kerpel estima que una parte importante de las altas tasas de impunidad en el país se explica por la profunda distancia entre las normas y las realidades institucionales.
Muerte del sistema acusatorio
Alejandro Hope, especialista en temas judiciales, destaca en tanto que la propuesta de reforma judicial parece orientarse a inclinar la balanza del sistema penal a favor del Ministerio Público y reducir la autonomía del Poder Judicial, lo que significaría la muerte del sistema penal acusatorio derivado de la reforma de 2008.
Destaca que el sistema penal acusatorio tiene innegables problemas, como el hecho de que operadores como los policías y el Ministerio Público se han adaptado mal al nuevo sistema, además de que a nivel nacional no se construyen capacidades de investigación y de litigio consistentes con las exigencias del nuevo modelo de justicia, lo que provoca mayores dificultades para obtener sentencias condenatorias y reducir los niveles de impunidad.
Pero en su opinión, no obstante los problemas que acarrea, el actual sistema significó un gran paso al hacer más transparente y menos arbitraria la aplicación de la justicia en México, porque limita algunos de los peores abusos del anterior sistema, como el uso de la confesión como prueba única.
Y propone que se mejore lo que no funciona o haya quedado rezagado pero no tirar algo que pese a sus deficiencias mejora aspectos de la justicia en el país.
Riesgo de legalizar la tortura
El analista Sergio Sarmiento manifiesta su preocupación por las propuestas de la reforma que debilitan las garantías individuales ya que se pretende revivir el arraigo domiciliario —que la SCJN ha considerado inconstitucional en varias ocasiones— para aplicarlo a varios delitos.
Esto significa, añade, que la autoridad podría privar de la libertad a cualquiera sin siquiera molestarse en presentar una acusación formal, que es algo que solo se ve en los regímenes autoritarios.
Señala que también destaca la posibilidad de que las pruebas obtenidas de manera ilícita puedan ser válidas en los procesos, y advierte que se debe de tener cuidado de no legalizar prácticas como la tortura.
Tras reconocer que es necesario contar con un mejor marco jurídico para combatir a la delincuencia, hace ver que la experiencia en los países con un verdadero Estado de Derecho demuestra que no es necesario violar las garantías individuales para reducir la delincuencia.
Y subraya que de nada sirve tener un Estado eficaz en la lucha contra el crimen si se convierte en un violador sistemático de los derechos individuales.
Eficientar el sistema acusatorio
Daniel Cabeza de Vaca, ex consejero de la Judicatura Federal, dice a su vez que a tres años de que entró en vigor a nivel nacional el nuevo modelo penal el sistema de justicia sigue en crisis y la percepción es que lejos de alcanzar las metas fijadas en materia de seguridad la situación empeora.
En su opinión las reformas que se propongan deben enfocarse en hacer eficiente el sistema penal acusatorio para que se consolide; y asegura que es inviable el sistema de procuración y administración de justicia si no se acompaña con un esquema de fortalecimiento de las instancias responsables de la prevención del delito.
Cabeza de Vaca recuerda que los derechos humanos fueron el eje central para la aplicación del sistema penal acusatorio adversarial, por lo que hoy continúan siendo fundamentales para el diseño de las reformas que se avecinan.
Arraigo
Se propone eliminar la condicionante al arraigo en relación con la delincuencia organizada, con lo que su aplicación no tendrá restricciones ya que se quitaría el límite de 72 horas para poner a disposición a un indiciado. El imputado permanecerá detenido durante su desarrollo y hasta la determinación de medida cautelar.
Pruebas
Se busca eliminar la nulidad de las pruebas obtenidas por violación de derechos y establecer que los elementos probatorios o pruebas consideradas ilícitas por los medios en que fueron obtenidas puedan tomarse en consideración.
Defensa
Eliminaría el derecho del indiciado de ser el único que puede solicitar la prórroga del auto de vinculación a proceso y restringiría el acceso que actualmente tienen un imputado y su defensor a los registros de la investigación.
¿Quién juzga al juez?
Se propone crear juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal por delitos cometidos por jueces y magistrados del Poder Judicial, cuya responsabilidad penal estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que la vigilancia y disciplina recaerá en el Senado.
Códigos Penales
Prevén la creación de un Código Nacional Penal que tiene como finalidad unificar los delitos y definir las conductas que constituyen los presupuestos de aplicación de la ley penal y los principios que regirán su aplicación por la comisión de una conducta que se considere como delito.
Se establece la creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se propone un nuevo esquema para establecer sanciones que inhiban los altos índices de delincuencia.
Impactos de las propuestas
Representan graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
Anulan la presunción de inocencia.
Restringen sustancialmente el amparo.
Dejan desprotegido al particular contra actos arbitrarios de la autoridad.
Criminalizan la libertad de expresión.
Castigan con cárcel las opiniones contra el sistema y el actuar de las instituciones.
Reducen los requisitos legales para que la autoridad pueda afectar bienes y derechos de particulares.
Flexibilizan los elementos que deben probarse para que se ordenen detenciones, se realicen cateos, se formalicen investigaciones y se encarcele a los ciudadanos.
Se crea un sistema penal que persigue y castiga, con pocas posibilidades para que un particular que es investigado demuestre legalmente su inocencia.
Fomentarán la arbitrariedad: permitirán el espionaje y la persecución política.
Promoverán actuar contra la dignidad, la vida y la privacidad de las personas al aceptar pruebas que se obtengan por medios ilícitos.
Permitirán a la autoridad despojar de su patrimonio a los ciudadanos sin respetar el debido proceso.
Se fortalece el aparato punitivo (“castigador”) del Estado al reducir las garantías de defensa del individuo.
Alientan la incompetencia de las autoridades al validar investigaciones deficientes.
Eliminan al juez de control encargado de verificar la legalidad de las actuaciones en la investigación de la Fiscalía.
Se atenta contra el Estado de Derecho, la democracia y la división de poderes ya que se propone crear un cuerpo legal (Código Nacional Penal) sin contar con las facultades constitucionales necesarias.
Tendrían un impacto directo a la defensa de los particulares al ser eliminadas las restricciones para la autoridad de intervenir comunicaciones privadas en materia electoral y fiscal.
Las empresas podrían ser sancionadas por la nueva ley de justicia cívica.
Eliminaría la posibilidad de amparo en materias relacionadas con conductas fiscales y financieras.
Leyes y códigos a modificar
Constitución Política.
Código Penal Nacional.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ley de Amparo.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ley de la Fiscalía General de la República.
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica.
Ley Nacional de Ejecución Penal.
Postura de la Fiscalía General
En un comunicado dado a conocer el 22 de enero la Fiscalía General de la República indica que el 15 de enero su titular expuso ante la Junta de Coordinación Política del Senado y ante todos los medios nacionales las bases y los elementos fundamentales de un proyecto que habrá de someter a la consideración del Congreso y el Ejecutivo federal en cuanto inicie el periodo legislativo correspondiente.
Agrega que al mismo tiempo y en forma masiva se distribuyó anónimamente un supuesto proyecto de la Fiscalía al respecto, “el cual nunca ha sido ni suscrito ni presentado por la institución o por su titular”.
Puntualiza que a partir de ese día no ha habido ni un solo comentario en los medios sobre los temas que el fiscal general hizo públicos; pero sí, en cambio, y como resultado de lo que califica como “filtración masiva”, de lo que no dijo y de lo que no presentó: diversas personas han descalificado temas específicos de ese proyecto anónimo.
Reitera la postura de la Fiscalía, que presentará ante los senadores y ante el Ejecutivo federal sus proyectos, solicitándoles que consideren abrir un debate público democrático, transparente y participativo, con el objetivo de que el Senado, el gobierno o ambos valoren presentar alguna iniciativa que sea útil para resolver la gravísima situación que existe en el país en materia de justicia y seguridad.