Para enfrentar el grave problema de homicidios cometidos contra mujeres en el país la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cámara de Diputados iniciaron los trabajos para preparar una iniciativa de ley que homologue el delito de feminicidio y con ello evite que debido a criterios e interpretaciones diferentes de los jueces no se castigue un delito que se ha mantenido al alza en los años recientes.
De hecho el asesinato de mujeres por motivos de género, es decir, por ser mujeres, provoca una amplia discusión en México y otras regiones del mundo acerca de las leyes, protocolos de protección, sanciones y políticas públicas aplicadas para atender la cruenta realidad que muestran las estadísticas.
Y es que tan solo en 2019 se registraron 980 casos de este tipo de asesinatos a nivel nacional.
Por ello cuatro días después de una reunión con legisladoras de todos los partidos la FGR propuso a la cámara baja modificaciones al Código Penal Federal para ampliar las razones de género para tipificar el feminicidio, en particular al artículo 325 en el que se prevén las causales de género para castigar ese delito.
Entre las razones que implicaría la comisión de un feminicidio se encuentran que la víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier tipo en el ámbito familiar, laboral, escolar, comunitario o institucional previa; se le hayan practicado actos de necrofilia o exista una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de parentesco, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o amistad.
Que haya amenazas o incomunicación previa, acoso o lesiones, exposición, inhumación, ocultamiento, exhibición o arrojamiento del cuerpo en un lugar público, y que a la víctima se le obligue a realizar actividad o trabajo contra su voluntad o trata de personas.
También que se presenten manifestaciones de desprecio, odio, discriminación o misoginia; que la víctima se encuentre en estado de indefensión o desventaja o que el sujeto activo incurra en celotipia; que el delito se cometa aprovechando un servicio de transporte y que la víctima sea menor de edad, de más de 65 años, indígena o no tenga capacidad para comprender el hecho o resistirse.
En su propuesta la FGR agrega como agravantes la saña y el odio para el delito de lesiones y homicidio, así como la ventaja para cometer el ilícito.