¿CUÁNTO CUESTA LA INCERTIDUMBRE?

No estamos en estricto sentido ante un ejercicio de democracia directa.

Redacción
Foto: Especial
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Por Guillermo Deloya

El anuncio sobre la cancelación de una compañía cervecera en Baja California llega en un momento sumamente inoportuno, tanto por la forma en la que se le cierra el paso como por el mensaje que se envía en un entorno del México que desafortunadamente entra a la turbulencia internacional de la poca inversión y la economía recesiva.

En una región lastimada por la ausencia de nuevos proyectos productivos, según cifras del Registro Nacional de Inversión Extranjera, preocupa que Baja California haya experimentado un doloroso decremento paulatino de inversión directa, lo que la llevó a perder en pocos años un cúmulo de fondos cercanos a los 400 millones de dólares. Lo anterior en concordancia con la tendencia nacional, donde existe una aparente estabilidad en el rubro de reinversión, pero se experimenta una disminución pausada para nuevos proyectos y capitales.

El negativo mensaje respecto de la necesaria certidumbre para invertir es alarmante. Cuando una empresa cursa por las vías definidas por el marco normativo y el accionar orgánico de un gobierno, se allega de los elementos que permiten su legal constitución, así como su regular asentamiento y su apego al cumplimiento de las normas y parámetros de ley que concederán su correcta operación en una sociedad, se está en la ruta de la generación de una célula productiva que en simbiosis con la población que habita el lugar donde se asienta crea empleos, facilita el desarrollo local y promueve una mejor calidad de vida en la comunidad.

El andar en el sentido contrario se centra en obstaculizar que una empresa funcione apegada a ley, con argumentos que transitan por vías extralegales y que mayormente tienen que ver con el interés de grupos de presión en la política o en la sociedad. Además convertir el tema en un episodio de revanchismo hacia un proyecto heredado apuntala la sensación de poca seguridad hacia el futuro de decisiones caprichosas, más allá de la ruta sólida del Estado de Derecho.

Circunstancia

Una de esas manifestaciones de métodos alternativos y de selectividad peligrosos para la vida legal fue aquel llevado a cabo durante el pasado fin de semana en Mexicali, Baja California. En dicha ciudad un ejercicio de “democracia ciudadana”, tipificado en la forma de una consulta con efectos vinculantes en su resultado, parece haber echado para atrás una inversión cercana a los mil 400 millones de dólares. Más allá de la solidez de los estudios técnicos que soportarían la viabilidad operativa, estuvieron las apreciaciones sobre el aparente consumo excesivo de agua que la fábrica cervecera Constellation Brands requeriría para su operación.

Quizá la estimación que se ha hecho, donde probablemente de un lado de la balanza se encuentra la rentabilidad política y del otro las implicaciones económicas, no tiene en consideración el momento y circunstancia que se vive en nuestro país. Tanto el Consejo Coordinador Empresarial como la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas han dejado en claro que esto representa un mal panorama en la confianza necesaria para invertir en el país y se coincide en que los tiempos venideros no se avistan prolíficos para la economía mexicana; este es un error que mucho puede costar.

Lejos queda el espíritu de la consulta ciudadana proyectado en la reforma constitucional que se aprobó aparejada a las modificaciones para la revocación de mandato. Este es más bien un ejercicio borroso y conveniente que se asemeja a aquellos llevados a cabo en torno al nuevo aeropuerto de Texcoco, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. No estamos en estricto sentido ante un ejercicio de democracia directa que se desarrolle bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.

Una conducta que no se apoya en la ruta de la legitimidad y que a su vez no ofrece alternativas claras, constructivas o de largo plazo lleva a normalizar la ilegalidad y se vuelve nociva para el Estado de Derecho, el institucionalismo y la democracia en conjunto. ¿Cuánto cuesta la incertidumbre generada para los inversionistas y qué consecuencias tendremos en un escenario de futuras carencias que planteará la economía mexicana? La crisis es un escenario que nadie desea pero que en todos los horizontes se asoma amenazante.