Estela de Luz: una oda a la corrupción

Documentación oficial obtenida a través del IFAI evidencia la alteración en montos financieros, materiales de edificación y plazos para su construcción, así como personajes e instituciones involucrados.

Norberto Vázquez
Política

La Estela de Luz, edificada como el símbolo de los 200 años del México independiente y los 100 del revolucionario, dejó efectivamente una estela… pero de actos de gobierno poco planeados y saturados de corrupción, por lo que la edificación se erige ahora como emblema de lo que más lastima a la sociedad en nuestro país: los numerosos casos de impunidad en la administración pública nacional.

Al menos así lo revela una serie de documentos oficiales obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que dan cuenta de la forma injustificada en que se fue modificando (hasta cuatro veces) el “contrato para el desarrollo integral” de dicho monumento, aumentando así de manera paulatina los montos financieros del costo, con argumentos poco claros.

Recursos públicos arropados en el denominado Fideicomiso Bicentenario, cuyas cantidades manejaron discrecionalmente los funcionarios involucrados en la construcción del monumento erigido en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

Esta es la versión documental sobre cómo se configuró la planeación financiera y logística de la Estela de Luz.

Fideicomiso

Dos años antes de que incluso se lanzara la convocatoria -publicada el 26 de enero de 2009- para el concurso nacional de anteproyecto para la construcción de Un monumento arco conmemorativo del Bicentenario del inicio de la Independencia nacional emitida por el gobierno federal; el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (dependiente de la Secretaría de Gobernación); el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (dependientes de la Secretaría de Educación Pública), estaba planeada la configuración de un fideicomiso: con fecha de 9 de octubre de 2007 se protocolizó el contrato de administración y pago.

Se trató del denominado Fideicomiso Bicentenario, que celebraron en su momento la Secretaría de Hacienda —en su carácter de fideicomitente y representada por su titular, Agustín Guillermo Carstens Carstens— y el Banco Nacional de Comercio Exterior —como “fiduciaria sustituta”, representado por Carlos Flores Salinas—, con la participación de la Secretaría de la Función Pública —representada por su titular Salvador Vega Casillas— y de la Secretaría de Gobernación por conducto del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México —representado por su director José Manuel Villalpando César—, entre otras instituciones.

Ese día, dice el documento, “los recursos líquidos, incluyendo los rendimientos que a esta fecha forman parte del patrimonio del fideicomiso y que ascienden a la cantidad de $1,559,742,446.29 pesos (mil 559 millones 742 mil 446 pesos), más los intereses que dichos recursos generen a la fecha efectiva del traspaso al fiduciario sustituto, se transfieren electrónicamente por la fiduciaria sustituta al fiduciario sustituto en fondos de disponibilidad inmediata a la cuenta bancaria número… (fue borrada del documento) aperturada en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a nombre del Fideicomiso Bicentenario”.

Se agrega que con esto el Banjército, banco depositario de esos dineros, “se obliga a identificar los recursos del patrimonio del fideicomiso en las subcuentas que, en su caso, abrirá y que resulten necesarias para distinguir los recursos que el fideicomitente haya aportado o aporte”.

Pues bien: de esta cantidad se fueron modificando los convenios para ir erogando las cantidades que paulatinamente se ejercerían para el proyecto y al final casi se terminó con los recursos establecidos en el fideicomiso.

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