Por: Norberto Vázquez
nvazquez@revistavertigo.com
Durante las últimas décadas el estatus político de la Ciudad de México ha estado en medio de una constante polémica, no sólo por ser la capital de la República y, como tal, asiento de los poderes federales, sino también por ser el centro político, económico, cultural, religioso y social del país.
Hoy el debate vuelve a ubicarse bajo los reflectores: el Distrito Federal tiene un carácter especial, que ha adquirido mayor relevancia por su enorme crecimiento, resultado de una de las concentraciones urbanas más grandes del planeta... pero que se mueve en un híbrido marco jurídico con respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues a diferencia de las otras 31 entidades del país, la metrópoli no tiene la misma autonomía.
La deuda del DF, por ejemplo, debe ser autorizada por el Congreso de la Unión; sus delegaciones no cuentan con la misma figura que los municipios, al no tener sus propios cuerpos de seguridad; y no posee una Constitución propia, como los otros estados, sino que se rige por un Estatuto de Gobierno.
Ante ello, autoridades de la capital y legisladores federales exponen a Vértigo que el actual régimen jurídico de la Ciudad de México es insuficiente para igualar los derechos políticos de los capitalinos con los del resto de los mexicanos.
Además, añaden, la urbe se encuentra en una situación de subordinación que no le permite planear su desarrollo, manejar sus asuntos políticos y establecer políticas públicas de manera autónoma, lo que crea conflictos con la Federación, por lo que ha llegado el momento de resolver estos dilemas.
Los expertos consultados establecen que será en enero cuando comience de manera formal el debate sobre esta evolución legal para el DF. Y dicen que no será un asunto exclusivo de los partidos, el Congreso y la Asamblea Legislativa, ya que este es un tema que marcará las leyes sobre participación ciudadana, el desarrollo económico, el sentido de las inversiones, los servicios, la cultura y el concepto mismo de ciudad.
Datos
La realidad social y económica que viven los capitalinos se encuentra en una disyuntiva porque las garantías individuales que consagra nuestra Constitución no alcanzan plenamente a los habitantes del DF, pues la ciudad es muy “solidaria” con el pacto fiscal federal, pero el trato que ha recibido es cada vez menos equitativo a pesar de ser la capital del país. Basten algunos datos.
Se considera que en la urbe se obtiene más de la mitad del total de la recaudación nacional (55.2%), pero sólo recibe 12% de ingresos de la Federación; es decir, de cada peso que aporta al pacto fiscal nacional, sólo se le retribuyen doce centavos.
Más claro: se ha convertido en un transferente neto de recursos a los estados y municipios del país, ya que su coeficiente de participaciones muestra una dinámica descendente comparada con su contribución al PIB nacional.
Adicionalmente, desde 1998 se excluyó a la ciudad de la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual se destina para el combate a la pobreza, con el argumento de que “el DF no es estado”, ni sus demarcaciones son municipios —fuentes consultadas establecen, por cierto, que el jefe de Gobierno del DF en breve interpondrá una controversia constitucional al respecto, ante la Suprema Corte.
También ha sido excluido de los beneficios del sistema de coordinación fiscal, con el argumento de no ser estado; es decir, por la falta de soberanía como otra entidad, los ciudadanos no resultan beneficiados de las participaciones federales en materia de combate a la pobreza, infraestructura social y fortalecimiento de los municipios.
Es preciso señalar que la metrópoli enfrenta una situación particularmente distinta a lo que sucede en otras entidades federativas, ya que la población que aquí radica se suma a la población flotante de su Zona Metropolitana, lo que provoca grandes presiones sobre los servicios públicos, la infraestructura urbana y los recursos del gobierno de la entidad.
Asimismo, su “deuda pública” se sustenta en las disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, donde se establece que la totalidad de la deuda contraída por el DF se considera una obligación del gobierno federal y su contratación se sujeta a la aprobación del Congreso de la Unión, además de que se rige por los lineamientos marcados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En pocas palabras, el hecho de que sea el Poder Legislativo el que aprueba el monto de endeudamiento anual del DF significa una disposición negativa desde cualquier punto de vista: aprobar una deuda local que no se paga con recursos federales no tiene explicación económica alguna y limita las posibilidades de obtener de manera autónoma mejores recursos para canalizarlos a obras públicas, infraestructura y beneficios sociales, dicen los expertos.
Consensos
Cabe mencionar que la reforma política del DF está incluida en el Pacto por México, signado por el presidente Enrique Peña Nieto y las dirigencias del PRD, PRI y PAN.
En este documento se indica que se definirá un esquema que considere modernizar legalmente el carácter de la Ciudad de México como capital de la República: se pretende dotar a la urbe de una Constitución propia, por medio de la instalación de una mesa nacional de negociación para agilizar esta discusión y su eventual aprobación.
Apartado sobre reforma política del Distrito Federal en el Pacto por México (Foto: Especial)
En el debate se revisarán las facultades del jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa, así como la situación de los jefes delegacionales: se indica que se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejantes a los ayuntamientos.
Fuentes cercanas a este semanario establecen que el jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera, ya había hablado del tema con el presidente Enrique Peña quien, dicen las fuentes, se habría mostrado abierto y receptivo para otorgar a la capital facultades políticas y jurídicas de las que goza el resto de las entidades federativas.
De hecho, lo que hasta el momento ninguno de los antecesores de Mancera ha logrado es precisamente obtener el consenso necesario para la tan ansiada reforma política del DF, cuyo anuncio realizó el pasado 7 de noviembre el nuevo titular del GDF ante la élite política del país.
En el Palacio de Minería, aún como jefe de Gobierno electo, Mancera presentó su proyecto para buscar que la capital de la República tenga su propia Carta Magna, para lo cual, sin duda, ya hay importantes avances. Al parecer, el anuncio no llegó como un discurso cargado de buenas intenciones, sino como una propuesta que ha sido ampliamente cabildeada y que, en esta ocasión, tiene grandes posibilidades de aprobarse.
Proyecto
Según el mandatario local, se ha hecho un llamado para encontrar fórmulas que satisfagan a todas las fuerzas políticas y le den a la Ciudad de México autonomía en distintos asuntos que en la actualidad —de acuerdo con el estatus jurídico existente— deben pasar por el aval de otros poderes, como es el caso del Ejecutivo federal en el nombramiento del secretario de Seguridad Pública y del procurador de Justicia, y la deuda pública en la Cámara de Diputados.
El proyecto que anunció, dice, toma como referencia la iniciativa que entregó la ALDF en agosto de 2010 al Senado y que fuera consensuada por todos los partidos políticos de la capital, aunque todavía no es discutida ni dictaminada.
Mancera indicó que los diputados locales del PRD se comprometieron a cerrar filas para sacar adelante la reforma política: “Para lograr este objetivo se mantendrá el diálogo y el trabajo coordinado para presentar la propuesta de lo que la izquierda considera que debe ser la conformación jurídica del Distrito Federal”.
Aseguró que ya se reunió con el grupo parlamentario del PRD en la ALDF: “Se tiene previsto continuar el diálogo con el resto de las fuerzas políticas y las mesas de trabajo que comenzarán en enero en el Senado”.
Cabildeos
De manera central, de lo que se trata es de sustituir el Estatuto de Gobierno, junto con el artículo 122 Constitucional, que son los depositarios de la mayor y más importante normatividad aplicable al DF: ambos configuran la estructura, organización y distribución de competencias entre los órganos federales y locales, por lo que se busca crear una Constitución local, propiamente dicha, para darle a la urbe mayor autonomía.
Los diversos actores políticos facultados para ello han presentado en las últimas Legislaturas diversos planteamientos parlamentarios para sanear esta disyuntiva sin logros precisos, pero al parecer en esta actual LXII Legislatura la propuesta va en serio.
Al respecto, son varias las voces consultadas por Vértigo sobre esta oferta para modernizar la vida reglamentaria de la Ciudad de México.
El senador priista Emilio Gamboa, por ejemplo, asevera que ve “con simpatía” el planteamiento de Mancera para impulsar la transformación del régimen de la Ciudad de México. “Sí podemos avanzar en la reforma política del Distrito Federal; el Senado hará su mejor esfuerzo. Se trata de una petición que se busca desde hace muchos años. No podemos decir que se aprobará o no, porque ello depende de la voluntad de los 128 senadores”, aclara.
El coordinador del PRI en la cámara alta se compromete a “socializar” el tema entre los congresistas: “Nos interesa mucho la vida del Distrito Federal; es una parte fundamental de las tareas del Senado de la República”.
La senadora panista Mariana Gómez del Campo, secretaria de la comisión del Distrito Federal, se pronuncia a su vez por conseguir una reforma política en la capital del país con el consenso de las fuerzas políticas y, sobre todo, con el respaldo de los ciudadanos. “Para avanzar en la reforma tenemos que lograr un gran consenso, tomando en cuenta a los diferentes actores, incluido el jefe de Gobierno; tener foros con especialistas, con académicos; pero sobre todo no olvidar a los ciudadanos. Para tomar una reforma política con fuerza en la ciudad, necesitamos darles las armas y las herramientas a los ciudadanos, para que puedan opinar, que puedan votar sobre temas cruciales en el Distrito Federal como, por ejemplo, los cambios al uso de suelo, que es un tema fundamental”.
Comisión del Distrito Federal del Senado (Foto: Especial)
Gómez del Campo apunta que existe voluntad de los partidos políticos para concretar esta relevante transformación. “Hay buena voluntad de parte de todos los partidos políticos para que estos seis años del Senado se conviertan en la posibilidad de contar con una reforma política para la Ciudad de México”, añade.
Considera que esta reforma debe tener una visión metropolitana, por lo que pide que se realice una amplia discusión sobre la posibilidad de que el DF tenga su propia Constitución y el fortalecimiento de las delegaciones.
Y añade Gómez del Campo: “Debemos pensar también en los cabildos delegacionales, pensar en cómo fortalecer a las delegaciones, si conviene o no que sean órganos presupuestalmente autónomos y puedan cobrar su propio presupuesto, ver la posibilidad también de nombrar al procurador y al secretario de Seguridad Pública sin la anuencia del gobierno federal…”
Otra voz es la del presidente de la comisión de Gobierno del DF en la Cámara de Senadores, Mario Delgado —quien preside las reuniones hacia la reforma política de la Ciudad de México en ese órgano colegiado—, quien destaca que existe voluntad de todos los partidos para concretarla en 2013.
El congresista del PRD expresa que están ya en la ruta crítica de trabajar por sacar adelante esta reforma, sin que la ciudad pierda su naturaleza de capital del país, por lo que en la primera quincena de enero se reunirán con senadores, diputados federales y locales, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal.
“Lo que planteamos es que podamos abrir esta reforma a espacios democráticos, republicanos, federalistas, donde fortalezcamos las atribuciones de las demarcaciones territoriales, donde exista un consejo ciudadano”, señala Delgado.
Agrega que se convocará a foros en la ALDF, la Cámara de Diputados y el Senado, con participación de especialistas, académicos, ONG, entre otros, para incorporar una visión metropolitana.
A su vez, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la ALDF, Federico Döring, expone su punto de vista: “Hay que decirlo, esta reforma no es federalista, no tiene ni media coma que fortalezca las finanzas de las delegaciones en la ciudad. Esta parte, por ser materia de un aspecto económico, es importante que se vaya discutiendo con la Cámara de Diputados, sobre todo para que a la Ciudad de México entren todos los fondos del Ramo 33”.
Sobre las mesas de trabajo que se llevarán a cabo, advierte que no deben ser un evento más, ya que es una oportunidad que no puede desperdiciarse. “Para que de este ejercicio hagamos un pronunciamiento no sólo a favor de la reforma política, sino a favor del respaldo al paquete económico que mandó el presidente Peña Nieto y la aprobación de los cinco mil millones de pesos al techo de endeudamiento para la ciudad que se prevé sean aprobados por la Cámara de Diputados en los próximos días”, dice.
De esta manera, las explicaciones públicas que hacen los congresistas y las posturas tanto del Ejecutivo federal como del jefe del Gobierno central permiten prever que en esta ocasión todos los elementos se encuentran dados para que la reforma política para el DF se concrete.
El debate ya está abierto: ¿debe ser el DF el estado 32?