La aprobación de la nueva Ley General de Educación Superior en el Senado de la República permitirá reforzar los tres subsistemas en los que se encuentra dividida —universidades, tecnológicos y escuelas normales (incluidas las rurales)—, ratifica la autonomía de estas instituciones y garantiza la gratuidad por parte del Estado mexicano, la cual iniciará a partir de 2022 y se implantará de manera gradual.
Después de un amplio y prolongado proceso legislativo la nueva normatividad aprobada por la cámara alta este mes de diciembre para este sistema educativo que cuenta con poco más de cuatro millones de alumnos impulsará la integración de un verdadero sistema nacional de educación superior, a decir de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La ley que regirá el funcionamiento de la educación superior, de acuerdo con analistas, permitirá establecer objetivos definidos para un nivel educativo que en la actualidad tiene una cobertura de poco más de 40% en escuelas públicas y privadas, en momentos en que más de 35 universidades estatales se encuentran en una situación comprometida por no contar con recursos económicos suficientes para su tarea educativa el próximo año.
Derecho y gratuidad
En el último medio siglo la educación superior en el país tuvo una fuerte expansión y diversificación: mientras en 1970 había una matrícula de 272 mil estudiantes, para el año 2000 esa cifra subió a dos millones y en la actualidad más de cuatro millones y medio de jóvenes cursan una licenciatura y estudios de posgrado.
El sistema de Educación Superior se conforma por instituciones con diferentes objetivos y poblaciones educativas, pero que en conjunto configuran diversos territorios formativos en todas las regiones del país.
Suman en total cuatro mil 136 instituciones, entre públicas y particulares, con más de seis mil 600 planteles y oferta educativa en gran parte del territorio nacional en la que imparten clases 430 mil docentes.
El universo de este nivel educativo lo conforman instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), El Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional, así como universidades públicas, institutos autónomos estatales, universidades públicas estatales de apoyo solidario y las universidades privadas.
En la actual administración la SEP ha puesto en marcha una política de educación superior sustentada en tres pilares: como un derecho humano que propicie la emancipación de los sujetos en su diversidad y la gratuidad como garantía de ese derecho a través de la acción del Estado; vinculación con las comunidades, y fortalecimiento de su compromiso social con las prioridades del país, con lo que se establecen las bases para que los jóvenes tengan la posibilidad de incorporarse a esas instituciones.
Mayores apoyos económicos
La gratuidad y obligatoriedad en la educación superior plasmadas en la reforma constitucional en materia educativa que aprobó el Congreso de la Unión en 2019 es un desafío tanto en cobertura como para mejorar las condiciones en que se encuentran las universidades públicas, afectadas cada vez más por la insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a la demanda educativa a nivel licenciatura.
De ahí la importancia de la reglamentación que aprobó el Senado este mes de diciembre para llevarla a la práctica y destrabar su desarrollo ya que los avances registrados en los últimos años en cuanto a cobertura todavía son insuficientes para atender una demanda que aumenta cada año: en la actualidad solamente cuatro de cada diez jóvenes en edad de hacerlo estudia una carrera de nivel superior en alguna de sus modalidades, lo que ubica a México en uno de los niveles más bajos en cuanto a cobertura de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Si bien en la actual administración se han destinado importantes recursos para apoyar a las instituciones públicas de educación superior y se han hecho esfuerzos para abrir nuevos espacios para que un mayor número de jóvenes puedan estudiar una licenciatura, los expertos estiman que se requerirán mayores apoyos económicos y de infraestructura para alcanzar las ambiciosas metas fijadas para el fin del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, ha dicho que en el país hay las condiciones necesarias no solo para alcanzar 50% de cobertura en educación superior para 2024, meta que se ha trazado el actual gobierno federal, sino incluso para rebasarlo y llegar a 56% en ese lapso.
Para alcanzar la meta de cobertura de 50% trazada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cada año la matrícula debe crecer en 192 mil lugares hasta 2024.
Con el objetivo de ampliar la oferta educativa de este nivel en febrero de 2021 se anunciará un nuevo modelo para el Tecnológico Nacional de México (TecNM), institución que de acuerdo con Concheiro Bórquez tiene una enorme capacidad instalada que se aprovecha de manera suficiente hasta ahora.
Resaltó que las escuelas normales, universidades interculturales y las universidades públicas estatales que actualmente están en crisis financieras tendrán preferencia en su atención.
Respeto a la autonomía
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Rubén Rocha Moya, destaca que la nueva norma en educación superior además de regular los tres subsistemas que la componen contiene aspectos para mejorar la evaluación y respetar la autonomía universitaria.
Añade que la ley prevé que para cualquier modificación al estatus de cualquier universidad se deberá realizar una consulta pública con la comunidad estudiantil, con lo que se garantiza que ni los Congresos estatales ni los gobernadores atenten contra la autonomía de las casas de estudio.
Explica que se establecen las atribuciones que tienen la Federación y los estados, así como aquellas que son concurrentes, además de los fines y las políticas públicas para efecto de fortalecer a la educación superior.
Otro tema incluido es el respeto a una vida de equilibrio en las universidades y sobre todo que sean espacios donde esté ausente por completo la violencia contra las mujeres.
Los senadores destacaron que la nueva Ley de Educación Superior establece las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano para garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior, además de que contribuye al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país.
De igual forma se establecen los criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior y se regula la participación de los sectores público, social y privado.
Subrayaron que se garantiza la autonomía, se reconoce a la educación superior como un derecho necesario y su impartición como un servicio público garantizado por el Estado; se reitera la obligatoriedad de la educación superior, y para ello se garantiza su acceso y permanencia.
También se prioriza la comunidad estudiantil, cuyos intereses y necesidades son el centro del sistema nacional de enseñanza superior; se garantizan las libertades de cátedra, y se establece la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones de las instituciones de educación superior.
En el nuevo ordenamiento se establecen además los criterios para el financiamiento a la educación pública, la obligación de las instituciones privadas de destinar 5% de su matrícula a becas de estudiantes sin recursos y el freno a las llamadas universidades patito ya que para brindar el servicio deben contar con el reconocimiento de validez oficial por parte de la autoridad educativa correspondiente.
Luego de su aprobación en el Senado el 9 de diciembre la reforma pasó a San Lázaro donde corresponderá a los diputados analizarla y en su caso aprobarla, lo que los expertos dan por descontado.
Universalización y gratuidad
La obligatoriedad, la universalización y la gratuidad de la educación superior establecidas en la reforma constitucional del artículo tercero y las leyes reglamentarias en materia educativa representan un gran reto para la sociedad y el Estado, resaltan el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, y el rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro.
Advierten que el desafío no solo es hacer crecer la matrícula sino hacerlo con la garantía de la calidad educativa y la pertinencia, donde el tema del financiamiento juega un papel central.
Elementos clave
La nueva ley regula los tres subsistemas que la componen.
Se reitera su obligatoriedad.
Respeto a la autonomía universitaria.
Establece los criterios para su financiamiento.
Garantiza a los jóvenes su acceso y permanencia.
Avala y defiende la libertad de cátedra.
Mejora de la evaluación.
Universidades como espacios libres de violencia contra mujeres.
Regula la participación de los sectores público, social y privado.