El ecocidio podría tratarse de un delito cercano al genocidio porque desplaza a poblaciones enteras, provoca crímenes contra los defensores del medio ambiente y se asocia a otros fenómenos globales como el cambio climático, aseguró el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, Gerardo Torres Salcido.
Dijo, impulsa visiones nuevas sobre Latinoamérica, por lo que cuenta con académicos destacados en los ámbitos nacional e internacional que investigan fenómenos como desplazamientos, despojos y violencias también contra las comunidades.
Al participar en el Seminario Internacional El delito de ecocidio en América Latina, añadió: “estamos interesados en los derechos humanos y en la interrelación entre la sociedad y nuestros ecosistemas”, porque ese es un problema creciente en la región.
Stop Ecocidio Internacional es una asociación que busca desarrollar un trabajo global, intersectorial y colaborar con agentes clave para caracterizar ese ilícito como un crimen internacional. Se pretende que sea incorporado en la Corte Penal Internacional, y eso “me parece muy importante”, puntualizó.
A decir de la investigadora del CIALC, Eva Leticia Orduña Trujillo, la afectación climática y al medio ambiente se vincula con la de otros derechos: el primero de ellos, la vida.
AL es la región del mundo donde se registran más agresiones a defensoras y defensores de derechos ambientales: asesinatos y desapariciones forzadas se cuentan entre las situaciones más graves, alertó la experta.
México ha tenido proyectos de ley de ecocidio en 2018, 2020, 2021 y 2023, sin que haya “cuajado alguno”. A nivel estatal el flagelo está incorporado en el Código Penal de la Ciudad de México, Jalisco y Chiapas, pero no está regulado de manera tan armonizada, ni entre ellos ni en relación con la definición internacional.