Ciudad de México, México, 10 de abril. A través del Observatorio de Conflictos Socioambientales, la Universidad Iberoamericana (IBERO) documenta los impactos sociales, ambientales y de violencia asociados al extractivismo
Investigadoras del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) advierten que el fracking forma parte de este modelo de explotación intensiva de bienes naturales
En el modelo extractivista se habla de desarrollo y crecimiento económico, pero comunidades impactadas experimentan mayores niveles de desigualdad y pobreza, exponen
Ante la posibilidad de impulsar la producción de gas natural mediante fracking en México, la Universidad Iberoamericana invita a analizar los impactos sociales, ambientales y de derechos humanos de esta práctica del modelo de extractivismo, ampliamente documentado y denunciado a través del Observatorio de Conflictos Socioambientales de esta institución.
En repetidas ocasiones, el OCSA ha advertido de los riesgos y violencias que se asocian al extractivismo, que incluyen desde degradación ambiental hasta ruptura del tejido social, desplazamientos poblacionales y criminalización de comunidades que defienden sus territorios.
Estos hallazgos son citados ampliamente por el OCSA en el libro Alternativas hacia la paz con reconciliación, una iniciativa del Sistema Universitario Jesuita que compila investigaciones de más de 70 especialistas para analizar las violencias en México y proponer soluciones desde la justicia, la memoria y la reconciliación, con énfasis en seguridad ciudadana, derechos humanos y acción social.
¿Qué es el extractivismo y por qué el fracking entra en esta categoría?
El extractivismo es un modelo sociopolítico caracterizado por la explotación intensiva y generalmente exhaustiva de bienes naturales, los cuales son extraídos para sostener los mercados globales, muchas veces con poco procesamiento y altos impactos sociales y ambientales.
Este modelo tiene raíces históricas profundas. Desde la colonización, América Latina ha sido una región de extracción de recursos naturales para el desarrollo de potencias extranjeras, y con el paso del tiempo esta lógica se consolidó como parte del capitalismo global, que depende de la explotación constante de bienes naturales para sostenerse.
En este contexto, el fracking —fractura hidráulica para extraer gas o petróleo— es considerado una forma de extractivismo, ya que implica la explotación intensiva de recursos naturales con impactos ambientales y sociales potencialmente severos.
Las investigadoras del OCSA que participaron en el libro (María de los Ángeles Hernández Alvarado, Eugenia Legorreta Maldonado, Andrea Margarita Núñez Chaim, Dulce María Ramos Mora, y Diana Sandoval Perevochtchikova) señalan que el extractivismo se legitima frecuentemente bajo discursos de desarrollo, crecimiento económico y generación de empleo, pero la evidencia muestra que las comunidades donde se implementan estos proyectos suelen experimentar mayores niveles de desigualdad, pobreza y conflictos sociales.
Violencias documentadas por la IBERO
El Observatorio de Conflictos Socioambientales ha identificado que los proyectos extractivos generan impactos en tres grandes dimensiones:
Afectaciones sociales
- Ruptura del tejido social
- Daños a economías locales
- Impactos en la salud
- Violaciones a derechos humanos
- Afectación a patrimonio cultural y biocultural
Afectaciones ecológicas- Contaminación del agua
- Degradación del suelo
- Pérdida de biodiversidad
- Deterioro del paisaje
Dinámicas de violencia- Desplazamientos forzados
- Criminalización de la protesta
- Desapariciones y agresiones
- Judicialización de comunidades
Estas afectaciones han sido documentadas en cientos de proyectos extractivos en el país, lo que revela la dimensión del fenómeno. Además, especialistas indican que el extractivismo no sólo implica daños ambientales, sino que también está vinculado a violaciones sistemáticas de derechos humanos y conflictos territoriales, particularmente en comunidades rurales e indígenas.
Extractivismo en México: el papel de los gobiernos
El análisis del OCSA subraya que el extractivismo ha sido impulsado por distintos gobiernos, independientemente de su filiación política.
Durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se privatizaron sectores estratégicos y se facilitó la inversión extranjera en minería y energía.
Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón continuaron con la apertura de sectores estratégicos, especialmente en minería y energía.
Con Enrique Peña Nieto, la reforma energética de 2013 impulsó la participación privada en hidrocarburos y facilitó el uso de técnicas como el fracking, que incluso han sido prohibidas en algunos países.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la última contemplada en el análisis del OCSA, el modelo extractivo continuó, con la promoción de megaproyectos de infraestructura que, de acuerdo con el análisis del OCSA, han detonado dinámicas de despojo, especulación y explotación de recursos naturales.
Ayer, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que se analizan fuentes de extracción de gas natural no convencionales, y aseguró que éstas sólo se llevarían a cabo si no representan daños graves al medio ambiente.
Un modelo global con impactos locales
El extractivismo se ha consolidado como modelo global de desarrollo, pese a sus impactos negativos. Este modelo, advierten las investigadoras, ha sido impulsado mediante políticas públicas, marcos legales y narrativas que privilegian el crecimiento económico por encima del bienestar social y ambiental.
En este contexto, la posible expansión del fracking en México abre nuevamente el debate sobre el rumbo energético del país y los costos sociales y ambientales asociados.
Desde la Universidad Iberoamericana, el Observatorio de Conflictos Socioambientales insiste en que la discusión sobre el extractivismo debe centrarse en la defensa de la vida, los derechos humanos y la justicia socioambiental, así como en la construcción de alternativas que permitan un desarrollo más justo y sostenible.
(Con información de Jorge Luis Cortés)