A lo largo de la historia, la necesidad de contar con sistemas de vigilancia robustos para los medicamentos se ha hecho evidente. El ejemplo más conocido sucedió en los años 60 cuando un fármaco detonó la urgencia de contar con un sistema que permitiera detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos de los medicamentos [1] , dando origen así a la farmacovigilancia.
Dicho medicamento, desarrollado para revertir las náuseas en las personas, ocasionó que las mujeres embarazadas que la consumieron durante los primeros meses de gestación tuvieron bebés sin extremidades o con extremidades cortas. Debido a este incidente, la Organización Mundial de la Salud creó el Programa Internacional de Vigilancia de Medicamentos.
“Gracias a la farmacovigilancia, podemos identificar y mitigar los riesgos en el menor tiempo posible una vez que el medicamento ha sido comercializado. Ello no solo implica proteger a los pacientes, sino que también permite a los médicos tomar decisiones más informadas”, explica la QFB. Darinka Ramírez, directora de farmacovigilancia de MSD México.
En México, el proceso de monitorear los eventos adversos de los medicamentos comenzó en 1989; Posteriormente, la Secretaría de Salud instituyó la farmacovigilancia dentro de las reformas del sector salud (1995-2000) y se consolidó con la creación del Centro Nacional de Farmacovigilancia bajo la COFEPRIS en 2001.
Actualmente existe el Plan Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, que busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la identificación de reacciones adversas y la garantía de un tratamiento adecuado.
La vigilancia y detección de los eventos adversos en los medicamentos tiene un impacto significativo en la atención al paciente y en la salud de las personas. La farmacovigilancia, asegura el monitoreo de los medicamentos, su disponibilidad y su uso seguro. En definitiva, no es solo un requisito legal, sino un compromiso ético con la salud pública.