Anunciada a vuelo de fanfarrias la realización de una cruzada contra el empleo de subsistencia, es decir, la incorporación de 14 millones de trabajadores a la economía formal, la gran ausente hasta hoy es la estrategia.
Centrado su objetivo en la simple tarea recaudatoria, la propuesta de reforma fiscal —la hacendaria nunca llegó— soslayó el anzuelo para atraer a las empresas que sobreviven en la precariedad al marco de la tributación.
La posibilidad implicaría imponerles a un marco impositivo prácticamente simbólico a cambio de abrirle el escenario a sus trabajadores a la posibilidad de las prestaciones sociales, ensanchando un escenario gradual hacia la regularización.
La exposición de motivos habla de dos razones: una de carácter pragmático (incrementar la productividad) y otra humanitaria.
En la economía subterránea no hay contratos; los salarios son bajos; no existen prestaciones ni días de descanso, y las jornadas son extenuantes, sin posibilidad de mecanismos de previsión social.
Lo grave del caso es el crecimiento explosivo de la actividad, que según las estadísticas más creíbles alcanza ya a seis de cada diez mexicanos en edad de trabajar.
La alerta la había colocado hace un lustro el exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social y exsecretario de Ingresos de Hacienda, Santiago Levy, en su libro Buenas Intenciones; malos resultados.
De acuerdo a este, el propio gobierno promueve el empleo informal, a veces autoempleo, al implantar programas sociales, por ejemplo el Seguro Popular, que lo incentivan.
Bajo el cobijo de una atención médica fragmentada, con el pago de una cuota anual, algunos negocios de subsistencia lo ofrecen como gancho simple a los trabajadores, por más que no existe la posibilidad de crédito para vivienda, sistema de ahorro para el retiro y demás prestaciones sociales.
La paradoja del caso es que quien impulsó la posibilidad del Seguro Popular, es decir, el expresidente Vicente Fox, había realizado en su época como gobernador de Guanajuato una campaña para incorporar a la economía informal vía subsidiar por un tiempo el pago de sus cuotas al Seguro Social.
Rendija
Y aunque la Secretaría de Hacienda coloca en la balanza frente a un escenario tributario que pulveriza a la clase media y vuelve difícil para las empresas el realizar grandes inversiones, la posibilidad del seguro de desempleo, los trabajadores expulsados de la propia informalidad no podrán acceder a este.
El principal requisito en la mesa para un contrato será exhibir pruebas de que tuvo un empleo formal. De hecho, la ayuda será en proporción al último salario recibido.
En la economía informal los tratos son de palabra y en efectivo.
Más aún, la desaparición del Impuesto sobre Depósitos en Efectivo deja a la Secretaría de Hacienda sin opción de detectar a las empresas en la informalidad.
Y si le seguimos, la desaparición también del Régimen de Pequeños Contribuyentes que aplicaba para los llamados “changarros” les representa una tentación para regresar a la informalidad.
Se diría que el país perdió la gran oportunidad de abrir una rendija para la incorporación gradual de los informales a un escenario no solo de mayor productividad sino también de justicia social.
Seis de cada diez trabajadores se persignan al abrir el día… para ver si ahora sí les pagan.