Colocadas las ciudades de Acapulco y Cuernavaca en el Buró Nacional de Crédito por incumplimiento en el pago de sus deudas, además de degradada la calidad crediticia del estado de Jalisco de un escenario de alta solvencia al de “posible incumplimiento” al no abonar parte del pago de un débito de mil 400 millones de pesos, va creciendo la versión de que el gobierno prepara otro Fobaproa, este para rescatar a entidades federativas y municipios de la asfixia financiera.
El primer paso ha sido “perdonarles” el entero de impuestos retenidos a los trabajadores públicos durante el año pasado, por más que la acción constituye el delito de peculado.
El segundo, aunque indirecto, ha sido subir el nivel de deslizamiento mensual en el precio de las gasolinas y diesel en once centavos, en afán de engrosar el fondo de recaudación que se destina justo a entidades federativas y municipios.
El tercero, alargado el plazo para el pago de los débitos a un horizonte de entre 22.5 a 17.7 años, sería laxar el cobro “a lo chino” de estos, vía el traspaso de partidas federales colocadas en garantía, para evitar mayores colapsos.
A quién le importa si la solución de fondo sería reglamentar la posibilidad de endeudamiento a los marcos prudenciales, para evitar excesos. ¿Quién no recuerda que durante la pasada administración en Coahuila se llegó al extremo de falsificar autorizaciones de la Secretaría de Hacienda para engordar la deuda, cuyo monto alcanza 36 mil millones de pesos?
¿Quién no recuerda que la autocracia del gobierno de Jalisco lo llevó a solicitar un préstamo bancario de mil 400 millones de pesos para financiar la realización de los Juegos Panamericanos en la entidad federativa… ¡sin solicitar la autorización del Congreso local!, cuyos integrantes se niegan hoy a reconocer el débito?
Mecate
Por lo pronto, la posibilidad de ver la luz del final del túnel para entidades federativas sobrendeudadas, algunas de las cuales —como Tlaxcala— no tuvieron recursos para pagar el aguinaldo a los servidores públicos, se alarga al infinito.
Si hace sólo cinco años el plazo promedio para el pago de la deuda de entidades federativas y municipios era de 12.6 años, ahora se ha estirado a 15, con la novedad de que para el Distrito Federal el plazo llega a 22.5.
En Chiapas el viacrucis se extiende a 21 años; en Colima, a 20.4; en Veracruz, a 20.5; en Oaxaca, a 20.4; en Sinaloa, a 20…
En la cadena, quienes están haciendo el gran negocio son los despachos financieros que lanzan uno y otro planes de reestructura de la deuda que a los tres años reclaman otro… y otro más.
Mientras tanto, el alud sigue su marcha. Con el agua al cuello por los impuestos extraordinarios decretados en Coahuila para hacer frente a un colosal débito del que nadie sabe nadie supo en qué se gastó, por ejemplo, al menos 500 empresas han buscado estérilmente el amparo de la justicia.
Lo grave del caso es que en la fiesta no sólo están bancos comerciales que se amparan con las partidas a futuro por parte del gobierno federal, sino intermediarias de desarrollo que juegan con las mismas cartas.
Total, el de atrás paga, y si no, para eso está el gobierno en su posibilidad omnímoda de modificar 20 decretos.
¿No era más fácil ponerle mecate corto a los gobernantes?