Cuando los tres principales partidos políticos decidieron firmar un pacto para la agenda legislativa más o menos común, las expectativas quisieron venderse como si se tratara de los españoles Pactos de la Moncloa de la transición mexicana. Pero el tiempo —que todo lo pone en su lugar— está ya decantando las posibilidades reales de acuerdo.
En un juego de espejos entre tres fuerzas políticas, cada una dejó entrever que sería el alma del pacto. En todo caso, la parte más ganadora fue el PRI, porque le consiguió al presidente Enrique Peña Nieto un extraordinario margen de maniobra y, sobre todo, ayudó a despejar el clima de inestabilidad poselectoral que Andrés Manuel López Obrador quería imponer para, de nueva cuenta, ocultar su derrota en las urnas.
Aunque los puntos concretos de reformas salieron de las agendas legislativas de los tres partidos, cada uno ha visto ahí su propia versión de posibilidades, sin que pudiera colocarse como la dominante.
Al final, el gobierno del presidente Peña Nieto quiere reformas estructurales, el PRD busca imponer su programa neo-neocardenista y el PAN —inclusive luego de dos sexenios en la Presidencia de la República— es la hora en que sigue sin saber sus metas.
En este sentido, el pacto es más bien un acuerdo de estabilización política, pero sin resolver las contradicciones en los modelos de desarrollo.
Es decir, el pacto de ninguna manera significa lo que fueron los Pactos de la Moncloa en la transición española: la reconfiguración del régimen político, del modelo de desarrollo y el consenso constitucional. El pacto mexicano es apenas un principio de acuerdo sobre agendas legislativas generales.
Urgencias
En todo caso, el margen de maniobra político a favor del presidente Peña Nieto podría convertirse en un lastre de gobierno y punto de conflicto en la ingobernabilidad institucional.
Como se ven las cosas, el PAN y el PRD tienen urgencia de consolidar un espacio de poder ante el resultado electoral de julio del año pasado y ellos han encontrado en el pacto la forma de ir acotando al PRI.
Lo que queda es la posibilidad de que el Pacto por México, en efecto, sí se pueda convertir en un acuerdo similar a los Pactos de la Moncloa si el presidente de la República logra convertirse en el factor de negociación de tres puntos concretos: la modernización del régimen, un nuevo modelo de desarrollo y un consenso constitucional.
A favor del presidente Peña Nieto opera el hecho de que el PAN y el PRD están fracturados y difícilmente podrían ser un adversario político en las presidenciales de 2018.
Por lo pronto, el PRD ya comenzó a poner condiciones a las reformas fiscal y energética a partir de su proyecto neo-neocardenista y el PAN va a preferir no cederle espacios al PRI con tal de entorpecer su camino hacia las próximas presidenciales. Y del lado del PRI no existe un plan de vuelo de largo plazo, carece de negociadores de fondo y su capacidad de iniciativa ha ido diluyéndose en el lenguaje conciliador que nada logra.
En los últimos 20 años el país ha conocido una larga lista de iniciativas a favor de la reconfiguración general del régimen, el desarrollo y la Constitución; y en todas ellas existe un común denominador: la idea de que el proyecto nacional del PRI definido en la Constitución original de 1917 y mantenido hasta la fecha es obsoleto para atender las demandas de un país polarizado en lo social. Sin embargo, al final cada sector prefiere la mezquindad de sus privilegios que la urgencia de buscar un nuevo proyecto nacional para el siglo XXI.