A finales de 2003, luego de las primeras elecciones legislativas del gobierno de la alternancia panista, el politólogo y político Manuel Camacho Solís publicó un artículo intitulado La calle y el Parlamento. Su tesis confrontaba las movilizaciones en las calles con la parálisis en el Congreso. Doce años después el país no ha podido resolver la dialéctica de la política de la furia y la política de los acuerdos.
El contexto más importante se localiza en el hecho de que el país logró una primera alternancia en 2000 sin conflictos en las calles y luego experimentó otra alternancia en 2012 para regresarle la Presidencia al PRI; en ambas ocasiones, los quiebres se dieron sin ventanas rotas.
Sin embargo, la madurez electoral se agotó en las urnas y no logró cristalizar en una mayor institucionalización política.
En estos meses las protestas callejeras aumentaron por agendas de conflicto, pero con el contrapunto más que interesante de que en los últimos dos años se lograron reformas constitucionales que necesitaron de una mayoría legislativa calificada de dos terceras partes. Así, el proceso político mexicano dibujó una situación de polarización social y política peligrosa pero con espacios de canalización de descontentos hacia mesas de negociación aunque sin resultados reales.
Las lecciones de estos años en la calle y el Parlamento han estado probando la tesis de Huntington en materia de conflictos en sociedades en cambio: cuando las demandas sociales son mayores a las ofertas gubernamentales, la ingobernabilidad se instala en espacios de explosiones sociales, usualmente la violencia política y social en las calles. Paradójicamente, instancias del Estado en materia de contención de protestas sociales callejeras han tenido un más rápido perfeccionamiento y profesionalización que la posibilidad de acuerdos para consolidar los cambios políticos.
La polarización calle-Parlamento estaría mostrando también la crisis de legitimidad de las instituciones: el Congreso logra mayorías calificadas de dos tercios para cambiar la Constitución, pero grupos sociales eluden el camino institucional de soluciones de demandas que antes se canalizaban a través del sistema político. A la acción directa de grupos sociales eludiendo a las instituciones ha correspondido una respuesta directa de las instituciones a problemas aislados.
Espacio
Las elecciones legislativas de junio próximo estarían advirtiendo un escenario creciente de ilegitimidad de las instituciones: las expectativas de votación tienen una línea de flotación de legitimidad en 50%-50% de participación-abstención, y como se ve el hartazgo de ciertos sectores sociales, la tasa de votación se perfila para estar debajo de la línea de flotación.
Si la sociedad no consolida los espacios de institucionalización del Congreso, entonces después de las elecciones será la calle el espacio natural de lucha por demandas, independientemente que algunas resueltas tengan después que formalizarse en el Congreso.
La transición democrática de julio de 2000 se estancó en el respeto al voto pero el PAN no pudo —no supo o no quiso— dar el paso adelante para la instauración de una nueva democracia; así, la democratización electoral ha mostrado una sociedad más exigente pero las mismas viejas e ineficaces instituciones de gobierno que no han sabido canalizar soluciones a las demandas.
Sin una reforma democrática, la calle seguirá como el espacio de lucha social.