Pasados ya lo tiempos de ajustes entre los partidos por las elecciones de julio y el PAN y el PRD en proceso de reorganización de liderazgos internos, el Pacto por México entró en lo que pudiera ser la segunda fase: la posibilidad de realizar solo reformas procedimentales para reactivar el viejo proyecto nacional o dar el paso adelante para definir un nuevo proyecto nacional.
Lo que ha quedado claro con el debate abierto por la reforma energética en su vertiente de la figura del general Lázaro Cárdenas ha sido la definición de una línea divisoria: reformar hacia el pasado o construir nuevas formas de desarrollo para el futuro.
La lección que dejó Cárdenas, con el retroceso que implicó la aceptación de contratos con empresas privadas, fue la certeza de que la dinámica del desarrollo no estaba en las manos exclusivas del Estado.
La lista de reformas consideradas en el Pacto puede configurar, en la negociación práctica, una redefinición del proyecto nacional de desarrollo. En todo caso, todo proyecto nacional de desarrollo debe dejar muy en claro el papel rector-regulador del Estado, los objetivos de bienestar social y las nuevas reglas democráticas. La crisis actual no es del Estado o de la economía o importada; en realidad, la crisis está reflejando la inviabilidad del proyecto nacional de desarrollo definido por la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 y el Estado nacional; es decir: el proyecto priista.
Lo interesante del Pacto es que fue aceptado por el gobierno priista a su regreso al poder después de dos sexenios panistas que fueron solo la continuidad del ciclo de globalización primaria del priismo salinista. La fase de privatización y apertura comercial debió de haber sido profundizada con un modelo de desarrollo más abierto, pero con muy precisas regulaciones del Estado. Los dos sexenios panistas se movieron entre la comodidad de Vicente Fox y el énfasis en seguridad por Felipe Calderón.
Esfuerzo
Ahora el desafío radica en reorganizar la estructura productiva de México basados en principios sociales muy precisos, pero con mayor dinamismo económico. El estatismo estancó al país en la falta de diversidad de la élite priista y el neoliberalismo supuso que el mercado ajustaría automáticamente sus posibilidades; las crisis de 1995, 2008 y ahora 2013 han dejado en claro que México ya no puede oscilar entre posibilidades excluyentes, sino que se necesita de un nuevo paradigma productivo basado en la búsqueda de una forma de desarrollo creciente con bienestar social.
La lista de reformas ha dejado muy en claro que el país tiene recursos suficientes para dar el paso adelante del liberalismo, sin el retroceso del estatismo. Sin embargo, la dinámica de las fuerzas sociales podría atrapar las posibilidades de reactivación entre agendas parciales: desde la movilización magisterial contra la reforma educativa, hasta las negociaciones en lo oscurito para ganar elecciones por acuerdos y no por el reacomodo de las fuerzas políticas, pasando por los obstáculos ideológicos a la reforma energética.
De ahí el dilema nacional: realizar reformas procedimentales para dinamizar un poco el sistema productivo o entrarle de lleno a la reforma del proyecto nacional de desarrollo. El acuerdo PRI-PAN-PRD podría excluir los extremismos estatista o neoliberal, aunque con la condición de hacer el esfuerzo de construcción de un nuevo paradigma político, ideológico y productivo.