¿Te habías dado cuenta de que estamos cumpliendo prácticamente dos décadas de acceso a la información en México?
A partir de 2002 se emitieron distintas leyes que tuvieron como base constitucional el artículo 6, que regulaba el derecho de toda persona para acceder a la información en poder del Estado mexicano.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se publicó en junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación.
Si bien es cierto que este ejercicio legislativo fue determinante para fortalecer nuestros derechos más básicos en esta materia, la realidad es que no fue suficiente. Las negativas se acumularon materializadas en respuestas tardías, incompletas, un alto número de requisitos que debía cumplir el solicitante; incluso los costos de reproducción de los documentos entorpeció el acceso de los mexicanos a la información.
Posteriormente, cinco años después, la reforma de 2007 modificó nuevamente el artículo 6 constitucional para establecer los principios y bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información en México. En esa ocasión se garantizó en la ley que el ciudadano pudiera recibir respuesta a sus solicitudes de información de manera expedita y gratuita. Así, paulatinamente fuimos testigos de la evolución en materia de transparencia y acceso a la información en nuestro país.
Decisiones
¿Cuál fue el siguiente paso relevante en este rubro? Los principios en materia de gobierno abierto se establecieron en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015; se puntualizó que los poderes legislativos también eran sujetos obligados. La ley hizo referencia no solo a la Cámara de Diputados y al Senado de la República sino también a los Congresos locales.
En consecuencia fuimos testigos de importantes avances. Por ejemplo, la cámara alta creó la Unidad de Transparencia mientras que la cámara baja expidió el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Sin embargo, más allá del marco legal es importante que la sociedad mexicana asuma un cambio cultural, un cambio de mentalidad capaz de replantear la relación entre la ciudadanía y su Parlamento.
El Parlamento Abierto va más allá de la organización de foros, mesas redondas, coloquios, etcétera. Actualmente la sociedad exige participar en la toma de decisiones como un imperativo democrático. Sin duda la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son la vía correcta.
Hoy la sociedad mexicana dejó de ser espectadora y ha demostrado la intención de involucrarse, opinar y ser protagonista. De eso se trata el Parlamento Abierto, de democratizar los procesos legislativos y llevar las decisiones cada vez más cerca de la ciudadanía.