Sin un sistema de justicia electoral eficaz ningún país del mundo puede considerarse democrático. Por ello era impostergable que nuestros legisladores pusieran sobre la mesa la reactivación del proceso de selección de los cuatro consejeros ciudadanos que le faltan al Instituto Nacional Electoral.
Las cuatro sillas del Consejo General del INE que se encuentran por ahora vacías retrasan tareas importantes que no podemos dejar de mencionar.
Es misión de la justicia electoral garantizar que cada acción, procedimiento y decisión relacionado con el proceso electoral se acoja a nuestro marco jurídico vigente. También es su deber proteger los derechos político electorales de cada mexicano y brindar a aquellos que consideren que sus derechos electorales han sido violentados una ruta para impugnar, ser escuchados y obtener un fallo.
Recordemos que estamos por entrar en año electoral: 2021 nos dejará una cámara baja renovada, nuevos titulares en 15 gubernaturas y una nueva configuración en Congresos locales y presidencias municipales de prácticamente toda la República.
Y como no hay plazo que no se cumpla estamos ya en la recta final del proceso de selección de los cuatro consejeros electorales. Se prevé que el proceso concluirá en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados el miércoles próximo.
Árbitros
Se partió de entrevistas a 60 candidatos (30 mujeres y 30 hombres) por parte del Comité Técnico de Evaluación, para pasar a 20 semifinalistas distribuidos en cuatro quintetas.
Quienes resulten electos como consejeros del INE deberán lograr mayoría calificada, lo que significa los votos de las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentren presentes en el pleno.
La sociedad mexicana debe exigir consejeros ciudadanos autónomos, con verdadera independencia de ideologías partidistas.
Resulta crucial considerar que el cargo les durará nueve años y estos cuatro mexicanos serán importantes árbitros en los comicios presidenciales de 2024.
La justicia electoral es un instrumento clave del Estado de Derecho. Bajo ninguna circunstancia debe ser vulnerada la eficacia de un modelo democrático que llevamos décadas construyendo. El riesgo es frenar el lento proceso evolutivo de nuestra democracia.