Durante décadas la sociedad mexicana vivió los estragos que causa la opacidad de la información gubernamental acerca de preguntas tan básicas como: ¿en qué se gasta el dinero de los impuestos el titular de mi municipio para promover el turismo?, ¿cuánto gasta el Senado de la República en agua embotellada?, ¿cuánto le cuesta una pluma desechable al gobierno de mi estado?
Fue a partir de las reformas constitucionales de 1977 que se inició la construcción de un modelo de acceso a la información. A más de cuatro décadas de distancia, ¿dónde estamos en materia de transparencia, anticorrupción y participación ciudadana?
Estos tres rubros deben ser fortalecidos constantemente y es responsabilidad del Poder Legislativo lograrlo mediante las comisiones legislativas que nos cuestan tiempo y dinero.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República tienen comisiones de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. Son órganos legalmente constituidos para la elaboración de dictámenes, informes y opiniones que nos garanticen la optimización de recursos públicos, la rectitud en el actuar de los funcionarios y el acceso real de ciudadanos como usted o como yo a la toma de decisiones en este país, en los estados y municipios.
Es por ello que estas comisiones se pronuncian por fortalecer el marco normativo para garantizar el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y también la prevención de actos de corrupción.
Pero atención: esto también es responsabilidad de las entidades de la administración pública creadas para ello, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y, por supuesto, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción que se creó apenas el año pasado.
Responsabilidad
Aquí viene el punto fino: se nos ofrece transparencia y acceso mediante el llamado Parlamento Abierto, esas audiencias públicas para escuchar a especialistas, académicos, empresarios e incluso servidores públicos.
Y mucho cuidado, porque es responsabilidad de todos nosotros, como sociedad, vigilar y exigir que el Parlamento Abierto, estos foros antes presenciales y ahora virtuales, sean verdaderos ejercicios de escrutinio público y no solamente mecanismos para legitimar decisiones ya tomadas.
Cuando hablemos de Parlamento Abierto usted, yo y los legisladores federales y locales debemos hablar de la capacidad de respuesta a las inquietudes de todos los sectores que integran a la sociedad mexicana. Un Parlamento Abierto no es solo la realización de foros, debemos aspirar a un ejercicio parlamentario que sea el foro para escuchar y empoderar a la ciudadanía.
Debemos reconfigurar la relación entre representados y representantes. De otra manera la rendición de cuentas seguirá siendo una utopía que solo nos alejará de la ruta democrática.