REFORMA ELECTORAL, A LA CONGELADORA LEGISLATIVA

La austeridad no llegará al sistema de partidos por lo menos este año.

Claudia Ivett García
Columnas
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Durante los últimos 43 años, es decir, desde la primera reforma electoral de 1977 que considera el inicio del proceso de transición a la democracia, la sociedad mexicana ha sido testigo del progresivo encarecimiento del sistema de partidos políticos.

Ante el complejo panorama económico que se vive actualmente a escala mundial y al que México no es ajeno, ¿habremos por fin llegado al tan esperado momento de la disminución de prerrogativas a los partidos políticos?

La respuesta es que la austeridad no llegará al sistema de partidos por lo menos este año: por ahora ya se terminaron los plazos para hacer reformas electorales en México, porque el proceso electoral de 2021 inicia en septiembre próximo y la Constitución señala que no se podrán hacer reformas a las leyes electorales 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

Durante las últimas dos décadas el financiamiento público federal otorgado a los partidos políticos se incrementó a más del doble. Pasó de dos mil 100 millones de pesos en 1997 a más de cinco mil 200 millones de pesos en 2020.

Este tema, confinado a la congeladora legislativa, debe analizarse con pesos y contrapesos y entender la historia y razones por las cuales nuestro sistema de partidos tiene determinadas fuentes de financiamiento. Lo anterior con la finalidad de que un esquema de austeridad exacerbada no vulnere e incluso ponga en riesgo los derechos político electorales que como país hemos logrado.

Un dato importante respecto del reformismo electoral en México es que entre 1977 y 2014 el país ha enfrentado once reformas electorales. Algunas de las más recientes han significado logros importantes: la reforma de 2002, que estableció cuotas de género en candidaturas legislativas; la reforma de 2003, que elevó los requisitos para formar partidos políticos; y la de 2005, que reguló el voto de los mexicanos en el extranjero.

Deuda

No obstante la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos es un tema que se ha planteado en diversas legislaturas y que sin embargo sigue siendo una utopía. Tan solo entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019 se presentaron 21 iniciativas de reforma constitucional para disminuir el financiamiento a los partidos políticos. Dichas iniciativas emanaron de Morena, PT, PES, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD.

Fórmulas diferentes y amplias variaciones en cuanto a los montos, pero la finalidad es la misma.

La conclusión, sin embargo, es que esta reforma, esta disminución a las prerrogativas que reciben los partidos políticos, sigue siendo una deuda del Poder Legislativo para con la sociedad mexicana.

¿Regresará el tema a las cámaras federales? Para saberlo vamos a tener que esperar hasta la segunda mitad de 2021.