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29 junio, 2020
Claudia Ivett García
Columnas

REFORMA ELECTORAL, A LA CONGELADORA LEGISLATIVA

La austeridad no llegará al sistema de partidos por lo menos este año.

Durante los últimos 43 años, es decir, desde la primera reforma electoral de 1977 que considera el inicio del proceso de transición a la democracia, la sociedad mexicana ha sido testigo del progresivo encarecimiento del sistema de partidos políticos.

Ante el complejo panorama económico que se vive actualmente a escala mundial y al que México no es ajeno, ¿habremos por fin llegado al tan esperado momento de la disminución de prerrogativas a los partidos políticos?

La respuesta es que la austeridad no llegará al sistema de partidos por lo menos este año: por ahora ya se terminaron los plazos para hacer reformas electorales en México, porque el proceso electoral de 2021 inicia en septiembre próximo y la Constitución señala que no se podrán hacer reformas a las leyes electorales 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

Durante las últimas dos décadas el financiamiento público federal otorgado a los partidos políticos se incrementó a más del doble. Pasó de dos mil 100 millones de pesos en 1997 a más de cinco mil 200 millones de pesos en 2020.

Este tema, confinado a la congeladora legislativa, debe analizarse con pesos y contrapesos y entender la historia y razones por las cuales nuestro sistema de partidos tiene determinadas fuentes de financiamiento. Lo anterior con la finalidad de que un esquema de austeridad exacerbada no vulnere e incluso ponga en riesgo los derechos político electorales que como país hemos logrado.

Un dato importante respecto del reformismo electoral en México es que entre 1977 y 2014 el país ha enfrentado once reformas electorales. Algunas de las más recientes han significado logros importantes: la reforma de 2002, que estableció cuotas de género en candidaturas legislativas; la reforma de 2003, que elevó los requisitos para formar partidos políticos; y la de 2005, que reguló el voto de los mexicanos en el extranjero.

Deuda

No obstante la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos es un tema que se ha planteado en diversas legislaturas y que sin embargo sigue siendo una utopía. Tan solo entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019 se presentaron 21 iniciativas de reforma constitucional para disminuir el financiamiento a los partidos políticos. Dichas iniciativas emanaron de Morena, PT, PES, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD.

Fórmulas diferentes y amplias variaciones en cuanto a los montos, pero la finalidad es la misma.

La conclusión, sin embargo, es que esta reforma, esta disminución a las prerrogativas que reciben los partidos políticos, sigue siendo una deuda del Poder Legislativo para con la sociedad mexicana.

¿Regresará el tema a las cámaras federales? Para saberlo vamos a tener que esperar hasta la segunda mitad de 2021.