Indispensable resulta analizar el reformismo electoral en México desde un punto de vista histórico para entender cómo llegamos en esta materia a un año de gran trascendencia electoral, este 2021.
Recordemos que estarán en las boletas contendiendo los aspirantes a 15 gubernaturas y que también se renovarán prácticamente la mayoría de los Congresos locales. Es momento de echar un vistazo por el retrovisor legislativo mientras avanzamos por la autopista electoral rumbo a las elecciones más grandes en la historia de nuestro país.
Veamos. Entre 1977 y 2014 México ha concretado once reformas electorales. Algunas de las más recientes significaron importantes conquistas y logros. La reforma de 2002 estableció cuotas de género en candidaturas legislativas; la reforma de 2003 elevó los requisitos para formar partidos políticos, y la de 2005 reguló el voto de los mexicanos en el extranjero.
La vía para la configuración del Estado de Derecho es precisamente la constante adaptación de las reglas. Lo anterior implica un proceso normativo que se proyecta a través del tiempo y se vertebra por medio de la elaboración de las leyes.
Es entonces cuando resulta pertinente cuestionar, ante el complejo panorama político electoral que se avecina en este año: ¿nos han dado las reformas electorales suficiente fortaleza democrática?
La respuesta es que la austeridad al sistema de partidos es un tema que nuevamente se quedó en la congeladora legislativa como un gran pendiente que incluso ha señalado el Ejecutivo federal como un acto de justicia social.
Utopía
La realidad es que durante los últimos 44 años, es decir, desde la primera reforma electoral de 1977, que considera el inicio del proceso de transición a la democracia, la sociedad mexicana ha sido testigo del progresivo encarecimiento del sistema de partidos políticos.
Basta un ejemplo numérico para dimensionar, porque recordemos que lo que no se mide no se mejora: en las últimas dos décadas el financiamiento público federal otorgado a los partidos políticos se incrementó a más del doble al pasar de dos mil 100 millones de pesos en 1997 a más de cinco mil 200 millones en 2020.
Sin embargo la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos nuevamente se quedó como un pendiente más en el Congreso de la Unión, evidenciando así la falta de adaptación del entramado jurídico que conforma nuestro Derecho electoral y el sistema político electoral vigente.
Por ahora ya se terminaron los plazos para hacer reformas electorales en México, debido al cada vez más cercano proceso electoral de este próximo 6 de junio. Recordemos que nuestra Carta Magna dicta que no es posible hacer reformas a las leyes electorales 90 días antes de que inicie el proceso al que vayan a aplicarse. Este proceso inició prácticamente desde finales del año pasado.
Estamos hablando de un tema confinado a la congeladora legislativa que debe analizarse con pesos y contrapesos y entender la historia y razones por las cuales nuestro sistema de partidos tiene determinadas fuentes de financiamiento; lo anterior con la finalidad de que un esquema de austeridad exacerbada tampoco vulnere e incluso ponga en riesgo los derechos político electorales que como país hemos logrado.
La disminución de las prerrogativas a los partidos políticos es un tema que se ha planteado en diversas legislaturas y que, sin embargo, sigue siendo una utopía.
Se trata de un tema que recurrentemente se ha documentado en curules y escaños, pero que no logra consolidarse más allá del discurso. Tan solo entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019 se presentaron 21 iniciativas de reforma constitucional para disminuir el financiamiento a los partidos políticos. Dichas iniciativas emanaron de diversas trincheras ideológicas: Morena, Partido del Trabajo, PES, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI. Fórmulas diferentes y amplias variaciones en cuanto a los montos, pero la finalidad es una misma.
La conclusión, sin embargo, es que esta reforma, esta disminución a las prerrogativas que reciben los partidos políticos, sigue siendo una deuda del Poder Legislativo para con la sociedad mexicana.
¿Regresará el tema a las cámaras federales? Para saberlo vamos a tener que esperar hasta la segunda mitad de 2021.