La entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 5 de mayo de 2015 es un gran ejemplo de la génesis legislativa que cambiaría el panorama entero de la transparencia en nuestro país.
Hace casi siete años, cuando entró en vigor dicha ley, fuimos testigos de ese transitar legislativo en el que al fin un ciudadano como usted o como yo podríamos solicitar a cualquier instancia federal, estatal o municipal una explicación respecto de qué se había hecho con nuestros impuestos o cómo se había procedido en determinado caso.
Prácticamente, la sociedad mexicana tuvo finalmente acceso a una rendición de cuentas real y efectiva.
Sin embargo, es posible incluso ir más allá y remontarnos a la reforma al artículo 6 constitucional que se configuró en 2007, comprometiéndose a que las entidades federativas y municipios nos garantizarían el derecho y acceso a la información, ya no solo a nivel federal sino a partir de ese momento en las leyes estatales, que debían tener un piso mínimo de transparencia y acceso a la información pública en todo el país.
Estamos hablando de una homologación del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno para que sus obligaciones sobre transparencia y acceso a la información nos permitieran trazar una ruta crítica a nivel nacional.
Recordemos que nuestra Carta Magna en su artículo sexto se reformó para abrir la posibilidad a una Plataforma Nacional de Transparencia. Hoy la plataforma cuenta con la mayor cantidad de registros de obligaciones de transparencia en nuestra historia, lo que la convierte en el repositorio de información pública más grande del país.
Principios
A prácticamente dos décadas de las primeras leyes de transparencia en nuestro país debemos reconocer lo que como sociedad hemos logrado, pero también asumir el reto de seguir haciendo historia.
La LXV Legislatura ha presentado importantes propuestas de reformas en la materia. Como sociedad debemos ser vigilantes de estas posibilidades legislativas.
Recordemos que la coalición opositora al principio de la Legislatura reafirmó su disposición a defender a los organismos constitucionalmente autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
Como mexicanos contamos con un organismo autónomo que se rige por principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia y transparencia. Urge que la objetividad y profesionalismo plasmados en nuestra Constitución sean garantía de cada integrante de nuestra sociedad.
Recordemos que una sociedad digitalizada funciona con información y requiere de datos abiertos.