Ya es historia el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, una historia que resonará siempre por tratarse de un real o presunto delincuente al que, en vez de conducirlo a la Fiscalía General de la República (FGR) y tomarle declaración en su calidad de extraditado, se le brindó acomodo en una habitación de lujo del Hospital ABC de Santa Fe.
En ese nosocomio se pasó Lozoya un par de semanas, entre espléndidos tratos, y así eludió en principio ir a prisión debido a los cargos por los que el gobierno de España otorgó su extradición: delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto, sumó cuatro denuncias penales por los delitos relacionados con la firma brasileña Odebrecht y la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, pagada en sobreprecio y con dinero de Pemex por el exdirector de esa paraestatal, Emilio Lozoya.
España llevó a cabo el juicio de extradición por, entre otros ilícitos, el de haber aceptado Lozoya diez millones de dólares a cambio de otorgar contratos por 60 mil millones de pesos a la empresa brasileña.
Lozoya aceptó su regreso a México a sabiendas de que no sería encarcelado de inmediato, como indican nuestras leyes en los casos de extraditados.
En vez de eso cuando Lozoya llegó en un vuelo especial al Aeropuerto de la Ciudad de México se le ocultó durante varias horas y fue camuflado un individuo, cubierto con mantas, para burlar a los periodistas mientras Lozoya era sacado del aeropuerto a escondidas.
En vez de llevarlo a dicha Fiscalía para ser interrogado por el titular de la misma, Alejandro Gertz Manero, se le otorgó la calidad de “testigo protegido”, lo cual es ilegal por tratarse de un individuo sometido a juicio por delitos claramente comprobados.
Dichos
Sin embargo el fiscal Gertz Manero formuló una declaración fenomenal. Dijo que a Lozoya se le otorgan facilidades porque ofreció colaborar con las autoridades mexicanas para los casos de Odebrecht y el de Agro Nitrogenados, mientras que Rosario Robles Berlanga no ofreció lo mismo.
Gertz Manero no dijo en qué leyes de nuestro país se apoya para hacer esa clase de distingos, de favorecer a un acusado e ignorar a una dama. Tampoco ha dicho el fiscal por qué Lozoya no ha pisado la cárcel y cuál es el motivo de que se equiparen los montos financieros de dos juicios totalmente distintos.
Sobre el mismo caso de Emilio Lozoya el gobierno federal aclaró que no es “testigo protegido”, que es un testigo de calidad dispuesto a denunciar a otros presuntos autores de delitos, como ya lo empezó a hacer con sus excompañeros de sexenio, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.
¿De cuándo acá son testigos de calidad quienes desvían cuantiosas millonadas de los fondos públicos, como ha sucedido en Pemex?