Un ejercicio que impulsa a las urnas con un motivo distinto al electoral es un buen aliciente para el fortalecimiento de la vida democrática de los mexicanos. La consulta sobre revocación de mandato que ya se encuentra en puerta bien puede significar un punto de partida para normalizar la democracia participativa como una forma de involucramiento directo del ciudadano en la toma de decisiones establecidas y acotadas por la Constitución.
Sin embargo, cuando la ruta de llegada hacia tal evento ralentiza, inhibe y pausa funciones inherentes a la agenda pública de gobierno vale la reflexión para vislumbrar si es que se está en un camino correcto o si se debe perfeccionar la reforma que actualmente mandata al silencio absoluto, entendido como una veda electoral en sentido amplio.
Tal ordenanza restrictiva tiene como sustento la Constitución misma, así como la Ley Federal de Revocación de Mandato, ya que en el texto legal se encuentra la previsión para que desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación para tal actividad se suspendan los eventos que impliquen difusión de propaganda gubernamental para todos y cada uno de los órdenes de gobierno. Esta prohibición implica el retiro de dicha publicidad, de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
Cuando se dimensiona el tamaño del silencio requerido se entiende que estamos ante un cometido desmedido. Así, poco tendría que ver con evitar la promoción de una postura política que influya en el ánimo del posible votante. Estamos más bien ante un exceso que involucra a todos los poderes públicos, además de incluir en este cerco a los órdenes federal, estatal y municipal de gobierno. Con ello, a pesar de las excepciones que la veda permite, existe una especie de recelo colectivo de cualquier funcionario a efecto de cumplir funciones y que en el cumplimiento de las mismas pudiese darse una difusión que derivara en sanciones.
Problema real
Y en ese renglón el tema no es menor. Con base en el antecedente de sanciones aplicadas a diversas personas morales y físicas sabremos cuán serio puede ser este problema. Tan solo en lo que respecta a medios de difusión, en la pasada elección del mes de junio, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a 322 emisoras de radio y televisión por haber incurrido en el supuesto de difusión prohibida del mandatario federal. Tales sanciones corresponden a multas económicas cuyo monto se acerca a los cinco millones de pesos. Por igual, las sanciones a servidores públicos oscilaron desde la amonestación hasta el inicio de procesos por la irregular conducta.
Si llevamos a un símil este nuevo evento que acontece ante las urnas, la proclividad para incurrir en conductas que contravengan la prohibición es enorme porque la amplitud con que se diseñó este periodo rebasa por mucho a lo que anteriormente se había normalizado como el conocido periodo de reflexión electoral, que en el mejor de los casos no excedía los tres días previos al evento de sufragio.
Las consecuencias de una parálisis de los órdenes de gobierno por temor no convienen a nadie. Mucho menos cuando nos encontramos en un periodo de recuperación económica donde la difusión proveniente del ámbito gubernamental en muchos casos empuja con promoción al consumo y a la reactivación. Ahí, eventos que tradicionalmente implican la dinámica de involucramiento del gobierno como son los carnavales, se han quedado pasmados y con una difusión acotada que perniciosamente se significa en ausencia de turismo.
Si reflexionamos este escenario a la luz de lo político electoral tampoco estaremos ajenos a un real problema. Este año tendremos procesos electorales para la renovación de gobiernos estatales en seis estados. Si ya de suyo es complicado que exista un silencio mandatado por los procesos en sí, ahora esto se enreda aún más ya que en Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Durango y Quintana Roo persistirá la prohibición empalmada desde febrero hasta junio. La veda para la promoción en dichos estados arranca el 3 de abril y culmina el 5 de junio.
Los esquemas de prohibición para la promoción electoral pueden volverse inefectivos si no se acotan correctamente. Tomemos experiencia de este ejercicio.