El Banco Mundial dio a conocer en estos días —para ser precisos el pasado lunes 9— un informe sobre la situación de la pobreza crónica en América Latina, que se caracteriza porque de generación en generación se perpetúan las condiciones que impiden a las personas salir de ese círculo de marginación.
El informe se intitula Los olvidados. Pobreza crónica en América Latina y los datos aportados son por demás preocupantes, sobre todo si se considera que la consolidación regional de la democracia como proceso de representación observa incuestionables avances.
En una de las mesas de trabajo en las que tuve oportunidad de participar a propósito de la relación desarrollo social y democracia, me formulé la siguiente pregunta: ¿por qué si somos democráticos somos tan violentos y desiguales en Latinoamérica?
Como sabemos, de acuerdo con las mediciones internacionales, por cada 100 mil habitantes Centroamérica es la región más peligrosa de todo el mundo. Y sin embargo los procesos electorales presidenciales, pese a sus bemoles, se desarrollan con toda normalidad.
No obstante, este informe sobre la pobreza crónica deja a México a la mitad de la escala para hacerle frente a este problema. Así, mientras Nicaragua, Honduras, y Guatemala tienen 37, 42 y 50%, de su población en situación de pobreza extrema, Uruguay, Argentina y Chile cuentan con tasas menores a 10 por ciento.
Nuestro país, a su vez, de acuerdo con el estudio del Banco Mundial registra un preocupante 21 por ciento.
Y no se trata solo de destinar recursos y administrarlos bien en cuanto al financiamiento de programas sociales se refiere, sino que además deben aplicarse medidas que procuren la cohesión social y, por lo tanto, auspicien lo que es muy natural al ser humano: la solidaridad.
Criterios
Es entonces que podemos llegar a una conclusión difícil: que si bien contamos con democracia, en la ecuación algo estamos haciendo mal, pues la democracia no debiera ser compatible ni con la desigualdad ni con la violencia en sus distintas manifestaciones. Destaca desde luego la criminal, organizada o no.
Vista a la distancia nuestra realidad, no solo geográfica sino también analítica, hagamos una comparación respecto de la situación y funcionamiento de los sistemas sociales y de la democracia en países como Alemania, Japón, Estados Unidos y los países escandinavos, entre otros ejemplos.
Es evidente que las condiciones para el fortalecimiento de la democracia institucional y participativa van de la mano con la contención a las expresiones criminales, el combate a la profundización de la desigualdad y, por supuesto, la aplicación adecuada y oportuna de la ley y la administración de la justicia.
Nunca en la historia de América Latina, desde la creación de nuestras naciones, habíamos gozado de tanta estabilidad política, económica y democrática. Sin embargo, estas condiciones positivas de manera alguna se han visto reflejadas ni en la calidad de vida ni en la certeza jurídica. Algo, insisto, estamos haciendo mal en la ecuación.
Según los criterios del Banco Mundial, continuando con el informe sobre la pobreza crónica, influyen las condiciones geográficas del contexto social; es decir, aspectos que son determinantes y con los cuales hay que trabajar y tomar en consideración para no aplicar programas y medidas que poco tienen que ver con esas variables objetivas. El reto es inmediato.
Somos un país y una región sobrediagnosticados. Hay infinidad de propuestas. La cuestión es: ¿a partir de cuándo se van a comenzar a aplicar y a evaluar?