En muy raras ocasiones suelo referirme para analizar los pronunciamientos o declaraciones de figuras públicas en específico. A pesar de que carezcan de sustancia, como es este caso, dejan ver el enorme rezago en el conocimiento de un tema que, sobre todo en el caso de Andrés Manuel López Obrador, es inexcusable tener: los más de once años de violencia criminal que vive el país no pueden ser hechos a un lado ni por arrebatos ni por desequilibrios emocionales.
Afirmar, acusar e incluso reiterar muy graves expresiones como las que el abanderado presidencial de Morena hizo en Nueva York y amplió en México exige, por lo menos, la seriedad de la disculpa o la corrección de lo que se dijo.
Ninguna de las dos cosas ha pasado, ni pasará. Pero el problema es mucho más de fondo y por lo tanto sus efectos también pueden serlo, ya que se sientan bases y precedentes para dar paso a que cualquier señalamiento, por extravagante o inconexo que sea, tenga cierta dosis de credibilidad tan solo por el hecho de haber sido pronunciado por alguna persona con acceso a una cierta cobertura por parte de los medios de comunicación.
Me remito a la encuesta dada a conocer la semana pasada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados respecto de la posibilidad de la Ley de Seguridad Interior: las instituciones en las que más confía la ciudadanía en materia de seguridad pública son precisamente las Fuerzas Armadas en su conjunto.
Por ejemplo, en cuanto a los programas de capacitación y sobre todo de adoctrinamiento en materia de derechos humanos —como lo planteó el general José Carlos Beltrán el pasado martes 21 en conferencia de prensa—, todos los integrantes del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana (aproximadamente 230 mil) al menos han tomado dos cursos por año en esa materia.
Evasión
La cobertura mediática y de los dispositivos móviles (sobre todo teléfonos celulares) impide la mínima intención de cualquier autoridad para ocultar acontecimientos graves como balaceras, arbitrariedades o más directos aún, por la facilidad para denunciar y difundir imágenes de violencia, asaltos a transeúntes o automovilistas por parte de cualquier persona.
Afirmar que hay masacres cometidas por las Fuerzas Armadas de México es, para decir lo menos, la evidencia de una actitud como la del presidente de Estados Unidos, donde si la realidad y los hechos verificados no se adaptan a su parecer no importa: se crea una verdad alternativa.
Así pasa con López Obrador, quien para matizar su postura ofreció mejores salarios a los militares y a todos los mexicanos, pero de corrección o aceptación del error, nada.
La trivialidad de sus afirmaciones como aspirante a la Presidencia de la República en torno de las labores de las Fuerzas Armadas de México no se hace verdad por la tautología de la simple repetición y el hecho de insistir en ellas: la depreciación de la política como recurso fundamental de la convivencia pasa sobre todo por la negación a la existencia y cualidades del otro —“Vele a preguntar a Peña y al Ejército”— y, por supuesto, por la evasión de la propia responsabilidad.
Allí está el gráfico y expreso apoyo político al matrimonio directo involucrado en los hechos de Iguala/Ayotzinapa, así como el silencio cómplice con el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero. Estos hechos sí demostrados y comprobados, pero sobre los cuales no ha dado ninguna explicación.