Pensar en cambios no significa, ni mucho menos, calificar como fracaso los programas y políticas de los gobiernos municipal, estatal y federal, pero sí reconocer que hay evidencias de que los resultados no son los deseados. Por ejemplo la notable ausencia o en ocasiones —peor aún— desinterés de las autoridades judiciales afecta de manera profunda las acciones que realizan las corporaciones policiales y las fuerzas del orden.
Discusiones inconsistentes sobre si los homicidios de niños son delitos del fuero federal o no indican una inaudita insensibilidad respecto de la tragedia que pasan todos los días familias y comunidades ante masacres, asesinatos y otros graves delitos a manos de delincuentes a los que muy poco les queda de sensibilidad o de plano carecen de ella.
La incuestionable pendiente en cuanto a los delitos de alto impacto nos exige a todos los mexicanos bien nacidos preguntarnos qué hemos hecho mal o qué hemos dejado de hacer para que la situación de inseguridad, en vez de mejorar, empeore.
Notables esfuerzos institucionales por crear organizamos como la Guardia Nacional, redireccionar los trabajos de las áreas de inteligencia civiles e incrementar los niveles de coordinación entre los ámbitos de gobierno observan importantes avances, pero están muy lejos de lo esperado en el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Es momento de que sin que se abandone lo hasta ahora hecho nos planteemos qué más se puede hacer, cómo se puede contribuir para que la seguridad pública y la aplicación del Estado de Derecho sean una realidad.
Largo plazo
Sin duda que se requieren respuestas de contención y sometimiento a las actividades criminales organizadas y comunes. No se puede dañar a la sociedad y desafiar al Estado sin consecuencias jurídicas: ese camino de impunidad y corrupción es la principal explicación del grave deterioro que vive México.
Pero si ya lo sabemos ¿por qué no se actúa en consecuencia? Incluso ¿qué más tiene que pasar, qué tragedia debe ocurrir para darnos cuenta de que las medidas aplicadas y las conductas ciudadanas no están respondiendo al grave antagonismo de la gradual desestructuración social?
Ver los resultados y objetivos en la recuperación de la seguridad pública por tramos sexenales no ha tenido éxito. La visión debe superar ese limitado horizonte cronológico para que se establezcan las bases de prácticas legales, sociales, políticas y organizativas diferentes y, en esencia, mejores a las que ahora tenemos.
La nación y la sociedad permanecen, los gobiernos se suceden, pero solo la visión generosa del largo plazo (que empieza por construirse hoy) puede sernos de utilidad. No debemos esperar a que la frase “nunca había ocurrido” la sigamos diciendo semana tras semana.
Las capacidades del Estado, debe reconocerse, nunca en la historia reciente habían sido desafiadas y obligadas a replegarse por las bandas criminales (caso Culiacán del 17 de octubre). La respuesta institucional debe ser incremental, apegada a las leyes, pero sin duda efectiva para que la sociedad se sienta segura y además crezca la confianza respecto de que sí hay y se aplican una política y programas de seguridad pública ya que hemos entrado a una zona donde las afectaciones a la seguridad interior son, desafortunadamente, una realidad.
Si hay certeza en lo anterior se habrá dado un paso muy importante para aplicar medidas que apunten a la contención y luego recuperación de la seguridad pública. El tiempo pasa muy rápido pero más contundentes son los desafíos por parte de los criminales.