Un rápido ejemplo, como hay varios. En tan solo 48 horas, después de los atentados terroristas de noviembre de 2015, el Congreso de Francia, Asamblea Nacional y Senado de la República resolvió modificar sustancialmente la Constitución y leyes secundarias para darle a la autoridad las condiciones jurídicas. Aun siendo minoría el gobernante Partido Socialista, salvo dos sufragios, el resto avaló las enmiendas. Otro caso, aunque menos visible, el Parlamento de Hungría modificó algunas leyes secundarias para concederle ciertas capacidades de control y contención al ejército para hacerle frente a las oleadas de migrantes ilegales procedentes de Asia Central, Medio Oriente y del norte de África.
Ante condiciones extraordinarias y graves, como son el desafío del terrorismo y la criminalidad, tienen que darse, sin demora, respuestas proporcionales e incrementales desde las instituciones: el Parlamento, los partidos políticos pero, sobre todo, la conducción del gobierno central asume los costos que pueden implicar medidas impopulares pero que, de no aplicarse, ponen en serio riesgo la viabilidad del Estado mismo. Desde el sexenio de Vicente Fox hemos observado la renuencia, para ser amable, por parte del poder civil, para ajustar las condiciones legales y presupuestales al sector Defensa.
Otro dato ilustrativo de una realidad más cercana. Colombia, país que tanta fascinación genera en el ámbito de la seguridad pública en México, destina un sustancioso y notable 3.4% de su Producto Interno Bruto a la Defensa. México, 0.7 por ciento. Incluso las directivas por parte del presidente Juan Manuel Santos, autorizando acciones directas de las Fuerzas Armadas en contra de los Grupos Organizados Armados, denominación oficial de las bandas de delincuentes, no son sujetas de impugnación por parte de partido político alguno. Ni siquiera del suyo. En México, de forma inexplicable, el mismo partido del Presidente de la República, el PRI, no ha avalado ninguna de las diez propuestas que en noviembre de 2014 (¡!) tal como las presentó el jefe del Poder Ejecutivo, a tan solo dos meses de la tragedia de Iguala-Ayotzinapa. Quizá, sólo quizá, y de manera parcial, comience a funcionar el 911, como número de emergencia nacional y eso en algunos estados de la República.
Es muy importante saber en qué mundo vivimos, para no atender de forma reactiva la presencia de los antagonismos al Estado mexicano. La capacidad de respuesta y atención de las Fuerzas Armadas va en aumento proporcional, al desapego y ausencia de compromiso de las autoridades locales y no pocas a nivel federal, para resolver la prolongada inoperancia de la seguridad pública. La Federación cuenta con una serie importante de recursos fiscales, legales, administrativos, políticos, entre otros, para llamar a cuentas a los gobiernos locales, estatales y municipales, y expliquen con detalle por qué es que no hay, a la fecha y luego de ejercer cientos de miles de millones de pesos destinados para ese fin, corporaciones policiacas que hagan su trabajo en completo apego a la ley y a sus atribuciones operativas.
Si bien las Fuerzas Armadas han respondido de forma por demás notable a las órdenes del Comandante Supremo para atender las peticiones de sociedades y gobiernos para contener y someter a la criminalidad, esto demanda, en estricta correspondencia, contextualizar los apoyos institucionales requeridos. Ya queda poco tiempo.