La evolución en las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, no solo en México sino en el mundo, es constante y acelerada debido principalmente a la transformación que exigen las dinámicas sociales y políticas: mientras en el siglo XIX la lucha fue por la hegemonía militar —en Europa, sobre todo—, ahora los conflictos se dan de manera prioritaria entre actores “no estatales”, como son el terrorismo, el crimen organizado o las migraciones ilegales.
El pasado 22 de junio, por ejemplo, se anunció en Bruselas —sede de gobierno de la Unión Europea— que por primera vez en la historia la UE enviará una importante fuerza naval para hacerle frente al incontenible tráfico de ilegales desde el Magreb a los países mediterráneos del viejo continente. Cinco buques de guerra, dos submarinos, seis aviones, dos drones y mil militares serán desplazados, según información dada a conocer por el periódico El País, a aguas internacionales cercanas a la convulsa Libia.
La primera pregunta que surge es: ¿la fuerza naval de la Unión Europea implicada en la lucha contra la migración ilegal generará algún tipo de ajuste o adaptación en el adiestramiento del personal militar y, por lo tanto, de las misiones de la misma?
La segunda: ¿cuenta dicho personal con la capacidad táctica para hacer frente a un enemigo “no convencional” como es esa variante del crimen organizado?
Participan entre otras las armadas de Inglaterra, España, Italia —principal puerta de destino de los inmigrantes ilegales— y Alemania.
México se encuentra en esa marcada tendencia donde las Fuerzas Armadas, ante el apremio generado por un antagonismo crítico emergente, han debido asumir responsabilidades y (francamente) sustituir a autoridades y corporaciones policiales encargadas de mantener o recuperar la paz pública, para hacer funcionar el Estado de Derecho ante las acciones corrosivas del crimen organizado.
Al igual que en el caso de los países de la Unión Europea —solo que desde hace diez años—, han debido actuar sin los referentes jurídicos precisos que exigen nuevas y unas relativamente inesperadas responsabilidades. ¿Cómo resolver tan contradictoria situación?
Validez
Para la mejor actuación en las costas internacionales de Libia los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de la UE debieron adoptar un acuerdo que les permite, de acuerdo a las leyes de cada uno de los países actuantes, participar en acciones contra el crimen organizado a partir de la recuperación de información y, en un caso dado, de forma directa para atacar y destruir embarcaciones que transportan a miles de migrantes ilegales.
Con esa decisión la Unión Europea actúa para, por una parte, darle a esa fuerza certeza en la misión a cumplir y, por la otra, de carácter principal, la validez jurídica adecuada para mejor actuar en función de los intereses de la región y de la población afectada —tanto migrantes como poblaciones europeas que reciben a cientos de seres humanos mes con mes.
En el caso de nuestro país, luego de una cruenta y difícil lucha contra el crimen organizado seguimos en una grave situación de precariedad jurídica para que los militares puedan apoyar las actividades esenciales de seguridad pública en amplias zonas de la República Mexicana.
Es el momento de que, ante el inicio de la nueva Legislatura, se acometa con toda seriedad y sin excusas político-electorales la adecuación y actualización de la estructura jurídica que hoy disponemos, para que las Fuerzas Armadas sigan cumpliendo con una misión que tanto la autoridad civil como la población exigen.