Londres. Ya no es una contradicción. La seguridad pública es cada vez más una tarea compartida por la comunidad internacional. De hecho, nunca ha sido una responsabilidad que competa solo al país afectado. Sabemos que la cooperación entre dos o más países para hacerle frente a la criminalidad es algo tan antiguo como común. Lo que sucede es que al conferirle razones “internas” a las causas es cuando se privilegian las soluciones también domésticas. Todo indica que ya hemos llegado al final de esa etapa.
En nuestro país, el ejemplo más reciente es la colaboración entre autoridades estadunidenses, colombianas, guatemaltecas y hondureñas con nuestras agencias de inteligencia y seguridad, esta en las acciones dirigidas a recapturar a Joaquín Guzmán. Pero aunque a primera vista nos parezca normal, el peligro radica en que ante la notable incapacidad para controlar y someter al crimen organizado, de acuerdo a la opinión pública internacional, la injerencia vaya en aumento y en esa misma proporción se demuestre que nuestra estrategia en materia de seguridad pública está lejos de haber dado los resultados esperados en este momento.
No debemos pasar por alto que mientras la agenda de seguridad pública y geopolítica logra acuerdos y consensos, eso mismo indica hasta qué punto nos estamos acercando a estrategias supranacionales que también, en cuanto a sus objetivos y aplicación, justifiquen tarde o temprano que las opciones se encuentran en la injerencia de autoridades externas “no contaminadas”. La cuestión es dilucidar si esta variable se tiene contemplada en la denominada estrategia del gobierno mexicano.
Compromiso
Conforme pase el tiempo y persistan increíbles noticias, como que personal del Ejército mexicano desactivó y desmanteló 24 cámaras de videovigilancia operadas por el crimen organizado en Reynosa pero antes también sucedió lo mismo en otros municipios de Tamaulipas (que cuenta con 18 pasos fronterizos) o el reciente descubrimiento de un túnel en Tijuana —también por personal del Ejército mexicano— para el paso de droga a los Estados Unidos, a decir verdad, desanima y pinta con toda objetividad el nivel de compromiso y decisión de las autoridades locales para sumarse a la tarea de recuperación de la seguridad pública y la aplicación del Estado de Derecho.
El denominado “crimen organizado trasnacional” exige de forma proporcional medidas coordinadas de cooperación y confianza. Sin embargo, la cuestión es que dicho planteamiento, además de sensato, implica que nuestras autoridades civiles deban ser sometidas a ciertos controles que les hagan ser confiables y parte actuante de esa misma estrategia internacional y geopolítica. No obstante, la cuestión es que indudablemente detrás de los planteamientos de colaboración internacional se encuentran, sin duda, los nuevos vehículos para facilitar la injerencia e intentos de control sobre nuestra agenda de seguridad interior. Atención.
Encontrar el equilibrio entre cooperación externa y articulación interna de las prioridades reclama precisión en los objetivos de seguridad pública y claridad en las medidas para alcanzarlos. De mientras padecemos un muy grave faltante: a estas alturas de la tragedia nacional, no contamos con policías locales confiables. Reconstituirlas sería un buen principio. Más aún cuando se tienen ingentes recursos presupuestales, estructuras administrativas y funcionarios responsables. Es decir, tenemos todo para hacerlo. De tal suerte y en pocas palabras, nuestras policías locales se convirtieron en una prioridad para la agenda de seguridad internacional. Y en consecuencia, se debe actuar.