Primero fue el insólito y ominoso asesinato de cinco soldados del Ejército mexicano, el pasado 30 de septiembre, a la entrada norte del municipio de Culiacán, Sinaloa. A partir de allí se dieron importantes —aunque no las necesarias— muestras de simpatía a las actividades de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública en muchas partes del país.
Faltaron, por supuesto, las expresiones de los principales partidos políticos, pero sobre todo de los poderes Legislativo y Judicial: ni una palabra o renglón de un siquiera lejano compromiso para regular de alguna forma la fundamental presencia de las Fuerzas Armadas en tan desgastante tarea.
Incluso en oficinas del Poder Ejecutivo se llegó también a la conclusión de que hace falta más coordinación. Vaya, menos mal que se reconoce.
Pero la confusión sigue: allí está la Armada de México, a través de la Infantería de Marina, a cargo por completo de la seguridad pública del sur de Veracruz. También los mil 500 soldados enviados al municipio de Naucalpan. Sin olvidar otro operativo más de emergencia como el que realizan el Ejército y la Fuerza Aérea en Sinaloa y Durango.
Pareciera que no hay conciencia de que la fuerza física de los militares, los recursos materiales disponibles y la necesidad de cumplir son finitas.
Y aun así se propone aplicar un recorte presupuestario para el ejercicio fiscal 2017 al conjunto del sector Defensa. ¿Qué no se ha aprendido de otros casos y de nuestra realidad, lo que nos sucede como país, gobierno y sociedad?
Todo parece indicar que no. Y aquí el segundo punto: tuvo que ocurrir un cobarde y desafiante asesinato de un juez de circuito, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, para concluir con la novedad de que “es conveniente pensar en la posibilidad de los jueces sin rostro”.
Vaya lentitud y descontextualización —mortales, en este caso— de autoridades del Poder Judicial, funcionarios públicos y no pocos opinadores. Desconocen del todo los procesos —esas sí estrategias— de lucha contra el crimen organizado en Italia y Colombia, casos que se estudian en varias partes del mundo para extraer conclusiones y lecciones aprendidas. En México no.
Urgencia
Es evidente que sin la concurrencia del Poder Judicial no se logrará el objetivo fundamental de recuperar la paz pública ni la plena vigencia del Estado de Derecho en el país. Eso fue lo que sucedió en Italia y Colombia: la muerte de decenas de funcionarios y empleados de los poderes judiciales de ambas naciones fue conduciendo a que se aplicaran medidas que salvaran la vida y el honor, principalmente, de los jueces.
El primer paso fue retirarlos de posibles contactos con grupos criminales que buscaban con el cohecho, corrupción y prevaricación los beneficios de la impunidad.
¿Qué hemos aprendido en México de esos casos? Parece que muy poco. Y ahora se les ocurre pensar, luego de más de once años en crisis de seguridad pública, recurrir a la figura del “juez sin rostro”. Como con el caso de los cinco soldados asesinados en Sinaloa: ¿qué más tiene que pasar para tomar decisiones de fondo, que siguen sin adoptarse?
No podemos esperar la siguiente tragedia traumática a manos del crimen organizado, para saber cómo responder “para la próxima”. Es indudable que los márgenes de desgaste y desconfianza de la sociedad hacia sus autoridades van en aumento. Como el deterioro en nuestra calidad cívica como ciudadanos también y, sin lugar a dudas, va a la baja.