De acuerdo con los resultados del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados el proceso legislativo para la creación de la Guardia Nacional como cuarta Fuerza Armada registrará un importante retraso.
Primero, y sobre todo, porque el mismo presidente López Obrador se declaró “insatisfecho” con el procedimiento, discusión y aprobación en lo particular y general de dicha ley. Aunque hizo explícitos algunos de sus argumentos se puede deducir que la eliminación del artículo transitorio número 4, referente a que en los primeros cinco años de la Guardia Nacional esta se encontrará bajo absoluto control de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue el principal motivo.
Y no podía ser de otra forma porque si bien el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el pasado viernes 11 hizo saber en el foro convocado por la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa correspondiente que la postura del presidente era avanzar hacia un modelo de dirección de la Guardia Nacional mixto, ello generó una seria confusión tanto en las filas del partido gobernante, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como en amplios segmentos de la opinión pública en general.
Esto se pudo escuchar primero y leer después en las numerosas participaciones de los diputados en el pleno del salón de sesiones en San Lázaro.
Se consumieron poco más de nueve horas, el pasado 16, para aprobar la iniciativa con los votos de Morena y los partidos Encuentro Social, del Trabajo, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y algunos disidentes del Partido de la Revolución Democrática.
Y no obstante haberse alcanzado la mayoría calificada —dos terceras partes de los votos— el presidente de la República solicitó al Senado que revise y corrija lo señalado en el párrafo anterior. Y resulta congruente el planteamiento si se atiende a la gravedad de la crisis de violencia que se vive en el país. Es necesario explicar que la actividad criminal propicia condiciones donde se alteran las capacidades del Estado, por lo que la problemática de la seguridad pública se considera como un asunto de seguridad nacional y, por tanto, se hace indispensable la participación del conjunto de las Fuerzas Armadas, como lo sostiene el ex presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Javier Santiago Castillo.
Lealtad
Asimismo, y no menos importante, está el hecho de que sociedad y poder civil solicitan la intervención de las Fuerzas Armadas por la confianza, aprecio, valores y adiestramiento con los que pueden responder al severo desafío que implica la actividad criminal, ya sea organizada y común.
He leído y escuchado muy interesantes planteamientos de colegas e integrantes de organizaciones sociales enfocadas al tema de la seguridad pública, pero buena parte de los señalamientos no consideran que son los civiles —ciudadanos y autoridades— quienes solicitan la presencia de los militares. Es decir, que en forma alguna los integrantes de las Fuerzas Armadas pretenden o buscan asumir funciones que no les corresponden, pero en un acto de lealtad al pueblo y a las instituciones acuden en auxilio de los mismos.
De allí que una cobertura jurídica como la que se discute en torno de la creación de la Guardia Nacional no tenga otra finalidad que llamar la atención de las autoridades civiles para que, de una vez por todas, asuman lo que de forma legal y directa les compete para recuperar la tranquilidad y la vigencia del Estado de Derecho.