Los pasados días 2 y 3 de este mes nuestra nación fue convocada para evaluar el Informe-País respecto de uno de los delitos más sensibles y difíciles de tratar: la desaparición forzada de personas.
Es muy importante tener en consideración este punto, ya que en varios medios de comunicación nacionales se habló del asunto como si fuera una “llamada de atención” al gobierno federal mexicano, específicamente por los acontecimientos de Iguala en septiembre pasado y el desarrollo de las investigaciones.
En el evento, sin embargo, se analizaron los avances al respecto, por ejemplo, para contar con una Ley General Contra la Desaparición Forzada. También sirvió para que la delegación de funcionarias y funcionarios mexicanos tuviera un intercambio directo con el Comité de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas.
Cabe hacer notar que de los 193 países que integran la Asamblea General de la ONU solamente se han adherido al protocolo de ese comité 45 naciones.
La sala de trabajo estuvo repleta durante las horas en que se desarrollaron las reuniones, además de las sesiones paralelas durante los recesos, para que al menos de la parte de la delegación mexicana se diera respuesta a las críticas y señalamientos de los relatores del evento. También asistieron y participaron corresponsales, personal diplomático de la misma ONU, representantes de la ONG y familiares víctimas de la desaparición de alguno de sus seres queridos.
Dinámica
La sesión inicial se destinó al diálogo entre el Comité, la ONG y activistas. Esta y la siguiente reunión fueron de carácter privado y cerradas al público (e incluso a los funcionarios que integraban la delegación mexicana).
En la segunda participaron el mismo Comité y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Una vez que se remitió el informe con anticipación, los integrantes del Comité tuvieron tiempo de analizarlo y con esto hacer más provechoso el intercambio de opiniones.
Luego de que los relatores o los expertos intervenían por espacio de hasta 40 minutos, se declaraba un receso de media hora para que los funcionarios mexicanos dieran puntual respuesta a las observaciones. Hasta tres rondas durante cada día se realizaron con resultados muy importantes para México.
Las dependencias mexicanas convocadas fueron PGR, Segob, SRE, Sedena y Marina-Armada de México. También asistieron dos diputadas, una federal y otra local, así como el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago.
La desaparición forzada, para que pueda ser tal, requiere de la participación de alguna estructura del gobierno a través de sus funcionarios y/o agentes en contra de un particular. En otro caso, es decir, cuando la desaparición es a manos de grupos criminales, se le tipifica como secuestro y dependiendo del final de tan doloroso trance puede ser calificado como homicidio o plagio cuando se logra una negociación.
El punto clave es, pues, la participación directa o no de agencias de gobierno de cualquier nivel.
Dos fueron los principales señalamientos críticos del Comité: primero, el retraso para contar con una Ley General Contra la Desaparición Forzada; segundo, la discrepancia y falta de datos consistentes respecto del número de víctimas en esa grave y deplorable situación, pues de 24 mil a 15 mil son los rangos que han manejado autoridades en nuestro país.
Al finalizar el encuentro la delegación mexicana estableció el compromiso de contar hacia el mes de junio con una ley en la materia.
Ahora lo que falta es que para el día 13 de este mes la ONU haga llegar sus observaciones definitivas, derivadas de las jornadas de trabajo realizadas en Ginebra durante la semana pasada. Tendremos oportunidad de comentar dicho documento.