El pasado miércoles 12, luego de ser avalada en las Comisiones de Trabajo, el pleno de la Cámara de Diputados dio su definitiva aprobación, mediante 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, para que las Fuerzas Armadas continúen en labores de apoyo a la seguridad pública hasta 2028.
Con los votos del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como con el apoyo los Partidos del Trabajo (PT), Verde (PVEM), el cada vez menos relevante Revolucionario Institucional (PRI) y tres legisladores del Partido de la Revolución Democrática, se impuso la aprobación frente al rechazo de la alianza de Acción Nacional (PAN) con la mayor parte del PRD y de Movimiento Ciudadano (MC).
Por supuesto que la dinámica política, parlamentaria y legislativa por sí mismas requerirían de un análisis, puesto que tan solo por nueve votos se logró la mayoría simple; es decir, sin el PRI no habría prosperado la propuesta de reforma constitucional.
De acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución para ser reformada, ahora falta la aprobación de la mayoría simple de los Congresos locales, es decir, 50% más uno, equivalente a 17 de aquellos, para que lo decidido por el Congreso de la Unión tenga plena incorporación y vigencia jurídica en todo el país.
Hay adiciones importantes a la redacción original: se crea una Comisión Bicameral, además de la ya existente Comisión de Seguridad Nacional, con facultades para citar a los integrantes del gabinete relacionados directamente con el diseño, desarrollo y aplicación de las políticas en materia de seguridad.
Los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina-Armada de México, así como Seguridad y Protección Ciudadana, deberán acudir de forma periódica al Congreso en caso de ser citados para especificar algunas cuestiones del programa de seguridad pública.
Otra adición importante es la creación de un fondo presupuestal especial que comenzará a aplicarse a partir del año fiscal 2023, destinado a fortalecer las capacidades de las políticas municipales y estatales. Como se sabe, Morena y aliados decidieron en dos anteriores presupuestos federales desaparecer dos subsidios muy importantes (el Subsemun y el Fortaseg), con lo que dejaron sin un solo peso a cientos de municipios en cuanto a la capacitación y organización de sus policías.
Prioridad
Por otra parte, para el poder civil se trata de una decisión (la legislativa y constitucional) muy importante y luego de cumplir con el objetivo de reestructurar la seguridad pública para garantizar la paz social y la plena vigencia del Estado de Derecho en todo el país, una absoluta prioridad es preservar el prestigio, confianza y aceptación ciudadanas hacia las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN).
En efecto, como se ha comentado en varios espacios y mesas de análisis, la buena imagen del instituto armado —que desde luego no está exento de problemas derivados de situaciones tensas y de abierta violencia desde las organizaciones criminales— es una muy importante plataforma y base de legitimación para cualquier gobierno en la práctica de la democracia.
Es de esperar que la aprobación en los Congresos locales transcurra sin problemas, dado que Morena tiene el control de al menos 18 de esas instancias legislativas.
Se publicará en breve el decreto en el Diario Oficial de la Federación y entonces sociedad, gobierno e instituciones encargadas de la seguridad pública entraremos a una ruta decisiva para construir las condiciones de tranquilidad y paz que son a su vez condiciones elementales para el desarrollo de México.