Por la tarde del miércoles 30 de agosto, poco antes de las 17:00 horas, se envió a la secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados —en su calidad de cámara de origen— una serie de propuestas de reforma a diversos ordenamientos jurídicos respecto de las funciones y atribuciones jurídicas y administrativas que articulan a la Guardia Nacional (GN) y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Sedena).
El planteamiento original del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del completo traspaso de la aún nueva institución de seguridad pública como es la GN al ámbito de las Fuerzas Armadas en general, generó de inmediato un intenso debate.
Tanto en la opinión pública como en los sectores sociales (academia, Organizaciones No Gubernamentales, activistas de derechos humanos e incluso organismos multilaterales como el ACNUR) escenificaron una amplia polémica.
Por lo que hace al proceso jurídico, parlamentario y político, en la propuesta original —que refrendó tanto en la conferencia matutina del 8 de agosto como en la consistente reiteración del 30 de junio durante la ceremonia del tercer aniversario de la creación de la GN durante la lectura de su discurso— López Obrador no dejó lugar a dudas a propósito de la prioridad que implica en los últimos dos años de su sexenio reorganizar desde el Poder Ejecutivo los sectores de defensa y seguridad.
A partir de su creación en 2019, la GN cumple un papel sustancial en la procuración y recuperación de la paz pública en diversas partes del país. Con un intenso esfuerzo presupuestal, de infraestructura y de personal (lo que implica asuntos muy sensibles como armamento y seguridad social, entre otros), las Fuerzas Armadas —y de manera destacada el Ejército— han aportado lo necesario para que en poco más de tres años la referida institución cuente con las mejores condiciones para su trabajo y, como estipula la ley que la creó, afianzar su implantación en la geografía del país.
Replanteamiento
Es importante aclarar —a reserva de analizar su contenido en específico, así como las principales posiciones en el debate parlamentario en próximas entregas— que debido a las condiciones que marca el procedimiento para una reforma a la Constitución es que la Presidencia de la República optó por una solución mixta. Es decir, por una parte mantiene el sentido de que la Sedena se haga cargo en lo táctico, operativo, administrativo, adiestramiento y avituallamiento de la GN, mientras que el mando de la misma permanezca en la SSPC.
La iniciativa presidencial, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 31 de agosto en el anexo III, contiene un total de 44 páginas, sin contar los comunicados entre la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados. Se da cuenta en la exposición de motivos de que no hay intención de modificar el texto constitucional, por lo que en los hechos bastará la mayoría simple en ambas cámaras para aprobar la propuesta de reajuste en los sectores de Defensa Nacional, Guardia Nacional y Seguridad.
En el primer párrafo del referido documento, se lee: “La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer la consolidación institucional de la GN como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, adscrito a la SSPC, bajo el control operativo y administrativo de la Sedena”.
Se trata de un replanteamiento sustancial. Volveremos sobre el tema.