La redacción de estas notas la realizo durante el desarrollo de los acontecimientos que con diferencia de horas se suscitaron en dichas ciudades y que han tenido un lógico y duradero impacto en la opinión pública y la profunda difusión de un sinfín de testimonios por las redes digitales de comunicación.
Estamos por primera vez ante un par de operaciones de alto impacto por parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional (GN), llevadas a cabo de manera simultánea.
Lo anterior significa y exige un alto grado de coordinación, adiestramiento y despliegue de capacidades para el combate urbano ante las organizaciones criminales y pandillas, que han alcanzado un notable poder destructivo y de cobertura territorial, como se puede constatar.
También la simultaneidad con la que se da la detención de Ovidio Guzmán López y la visita a partir del próximo lunes del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, han conducido al inexplicable lugar común de que dicha detención vaya en función de la reunión de los líderes de América del Norte a partir del próximo día 9. Y sostengo inexplicable porque esto anula la riesgosa labor de inteligencia, de trabajo de campo, con la enorme posibilidad de que le pueda costar la vida a los elementos de inteligencia militar implicados en la operación, solo por atender un asunto diplomático —cierto, de primer nivel.
Se trata de trabajos que llevan meses para poder encontrar el mejor momento para lograr el éxito de la operación. Suponer lo contrario implicaría que hay un “acuerdo” previo, pero la muy lamentable noticia del abatimiento de elementos pertenecientes al Ejército tira al suelo esa insostenible argumentación y sí, en cambio, resalta el sacrificio —hasta perder la vida— de quienes asumieron como objetivo vital servir a la patria. Mi más sentido pésame a sus familias y a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Lecciones
Como si hiciera falta escribirlo: la demostración de despliegue territorial, táctico y del manejo de armas de alto poder, que incluso les proporciona la seguridad para enfrentarse a las Fuerzas Armadas, pone en situación de predicamento si debe o no mantenerse la continuidad de medidas que, si bien tratan de atender el origen de las expresiones de la criminalidad, tienen efectos que tardarán en notarse varios años.
Por lo tanto, como se demuestra en la efectividad de las dos operaciones llevadas a cabo en Ciudad Juárez y en Culiacán, así como en varios municipios de la entidad e incluso en el vecino estado de Sonora, amerita al menos una valoración de la política de seguridad pública rumbo al cierre del sexenio.
Las lecciones que dejan los acontecimientos referidos y que aún están lejos de haber concluido son varias. En primer lugar, que no puede haber un desafío criminal de fuerza al Estado mexicano, sin consecuencias; estas respuestas se dan desde luego apegadas a la norma y leyes, así como el respeto a los derechos humanos.
Bajo esta perspectiva es que las instituciones encargadas de forma directa de preservar los ámbitos de la seguridad (pública, interior, nacional, regional e internacional) tienen la indiscutible responsabilidad de garantizar las condiciones de normalidad para fomentar el desarrollo y productividad de cada una de las actividades sociales.
La segunda lección es que desde la perspectiva del poder civil, de la misma sociedad y de los medios de comunicación, tienen que valorarse en su apropiada dimensión las aportaciones de las Fuerzas Armadas, la GN y las fiscalías, que son las encargadas de hacer valer los principios de la Constitución en cuanto a las condiciones de seguridad pública. Seguiremos con el tema.