CUARTO INFORME DEL CASO IGUALA
02 octubre 2022
Javier Oliva Posada
Columnas

CUARTO INFORME DEL CASO IGUALA: ALGUNAS CONSIDERACIONES

“La afectación debe corregirse con toda claridad y precisión”.

El primer informe fue casi simultáneo al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se le conoce de forma coloquial como “el de la verdad histórica”; ambos precedieron al de los asumidos como expertos internacionales; y ahora tenemos el recientemente dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Los cuatro informes coinciden en dos aspectos. Tanto en la lamentable y execrable conclusión a propósito del trágico destino de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, como en señalar la participación de tres corporaciones policiacas municipales: Iguala, Cocula y Huitzuco, coludidas con organizaciones criminales.

No obstante, en el reporte más reciente hay una notable novedad: la inculpación a elementos del Ejército, en aquel entonces ubicados en el XXVII Batallón de Infantería, en Iguala.

Llama la atención, y en consonancia con el octavo aniversario de los dramáticos hechos (la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014), que sin sustento ni pruebas fehacientes, más que el dicho de uno de los criminales confesos, se actúe contra integrantes del Ejército más con un sentido propagandístico que con una investigación bien sustentada.

Desde luego que el equipo de abogados de los militares inculpados comenzó a realizar las pertinentes acciones de defensa ante las difamaciones y falsedades del conocido como “informe Encinas”.

Prestigio

Por una parte, el pretendido debate de que en México se vive un proceso de militarización, cae por sí mismo ante los señalamientos del citado reporte. Si fuera el caso no habría posibilidad alguna de enjuiciar a integrantes de las Fuerzas Armadas. Y, por la otra, las acciones vandálicas que realizan integrantes de la comunidad de la escuela rural de Ayotzinapa ponen en las primeras planas y en la atención de la opinión pública internacional a un país donde las autoridades de seguridad pública, en general, se contienen para hacer valer la ley y el respeto a los bienes inmuebles de, por ejemplo, la embajada de Israel.

Al momento de redactar estas notas no hay una sola prueba consistente que lleve a suponer la activa participación de elementos del Ejército en los acontecimientos de Iguala. Sin duda, con la proximidad del aniversario número 54 del 2 de octubre de 1968, al tratar de conectar ambos hechos —pese a su clara y evidente diferencia— lo que se pretende es responsabilizar a una institución que por mucho ha impulsado el desarrollo y la democracia del país.

La situación es muy seria. Y se debe insistir: los posicionamientos de la autoridad civil a costa del prestigio y reputación de las Fuerzas Armadas van en contra de cualquier sentido institucional, legal y político. Suponer que funcionarios como el subsecretario de Derechos Humanos pueden obtener circunstancial visibilidad para proyectos estrictamente personales en detrimento de estructuras fundamentales del Estado mexicano, nos remite a la inmediatez de procesos electorales y pretendidos beneficios mediáticos.

Sin embargo, la afectación hecha debe corregirse con toda claridad y precisión. El dicho de un delincuente y asesino confeso de ninguna manera puede ser más relevante que el prestigio de una institución ni el desarrollo profesional de sus integrantes.

No basta con difamar. Se debe probar cada una de las supuestas acusaciones.