Desde luego que no es una práctica nueva. De hecho, el caso de Joaquín Guzmán Loera ilustra con nitidez que los acuerdos de extradición funcionan con cierta agilidad. También están los casos de Rafael Caro Quintero y Edgar Villarreal, entre otros muy sonados.
Sin embargo, en el caso de la orden ejecutiva (equivalente para nosotros al decreto presidencial) firmada por el presidente Joseph Biden —a unas cuantas horas de que entrara en vigor el Acuerdo Bicentenario, cuyo tema y asunto único es la cooperación en materia de seguridad fronteriza y seguridad en general— es un cambio diametral y una fuerte presión sobre el gobierno de nuestro país.
Veamos. Lo que se destaca en la enorme mayoría de los medios convencionales y en las redes digitales de comunicación es que las agencias y oficinas de las áreas de seguridad y justicia hayan ofrecido cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de los hijos del arriba mencionado Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, esa visión además de corta deja de lado al menos tres aspectos cruciales que deben estudiarse y desde las áreas civiles de seguridad, inteligencia y justicia tenerse en fundamental consideración.
La primera es que las recompensas se extienden a un nutrido grupo de cabezas visibles de las principales organizaciones criminales. En efecto, se mencionó a Nueva Generación; Familia Michoacana; Los Zetas; del Golfo; Beltrán Leyva; Guerreros Unidos y Los Rojos. Es decir, lo que se puede considerar sin duda la estructura que dirige la lucrativa actividad criminal en el país, desde el tráfico de drogas hasta el de personas, pasando por extorsión, cobro de piso y un largo etcétera.
Cabe destacar que cuando las autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por alguna persona se presume que tiene cuentas pendientes con las autoridades de ese país o que sus actividades significan un peligro para la sociedad y el gobierno.
Paso
Así llegamos a la verdadera relevancia del anuncio, que significa un cambio de importante riesgo en la relaciones bilaterales en materia de seguridad pública: la orden ejecutiva precisa que dichos criminales son responsables de la violencia que agobia a varias ciudades fronterizas de aquel país y —esto es lo sustancial— se les responsabiliza del tráfico de drogas, sobre todo sintéticas como metanfetaminas y fentanilo, mismas que propiciaron poco más de 110 mil muertes por sobredosis. Con ese dato el presidente y las agencias los consideran un peligro para la seguridad nacional.
Debemos recordar que hacia mediados de 2019 el entonces presidente Donald Trump firmó una declaratoria de emergencia para calificar así a la cantidad de fallecimientos producidos por sobredosis de fentanilo, señalando al tráfico del mismo como procedente de México.
Ahora calificar de peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos a las estructuras de las principales organizaciones de delincuencia organizada en México es un paso determinante para forzar a las autoridades y gobierno de nuestro país a modificar o endurecer sus programas y políticas en materia de seguridad pública.
Sería un error muy serio de cálculo que con declaraciones soberanistas, por ejemplo, se suponga que desde la parte mexicana es suficiente. Ya he apuntado en otras ocasiones que el recambio de los juegos de intereses geopolíticos incluye a México. Con o sin la anuencia del gobierno en turno.