Me llama la atención la celeridad con que analistas y colegas comienzan a plantear una agenda de transformaciones a las relaciones civiles militares; a la estructura institucional de las secretarías de Marina y de Defensa Nacional; a la organización de las Fuerzas Armadas (que son cosas distintas) e incluso argumentar sin consistencia la viabilidad de su eventual desaparición. Y todo esto debido a un hasta ahora irregular proceso judicial contra el general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, dirigido por el Departamento de Justicia y la agencia antidrogas DEA.
Al menos resulta curioso que emprendamos lo que sería un ajuste mayor en nuestro sistema político como resultado de una acción unilateral de una agencia con un pasado y presente político, pero lo más sugerente es que proceda desde Estados Unidos el inicio o la motivación para esos ajustes estructurales.
Y no es porque no se deban discutir: todos los sistemas cuentan o deben contar con periódicos procesos de ajuste. Ahí tenemos el plebiscito del pasado 25 en Chile para redactar una nueva Constitución. Recordemos también la creación en febrero de 2003 del Departamento de Seguridad de la Patria (interior) en Estados Unidos para reorganizar las agencias de seguridad e inteligencia luego de los traumáticos atentados del 11 de septiembre de 2001.
Aquí la cuestión crítica se plantea por dos vías: la primera es la insustancial descalificación y el “enjuiciamiento” mediático ya que sin ninguna prueba se da por buena la acusación de la DEA sobre el exsecretario de la Defensa Nacional. Varios de los más procaces y virulentos ataques proceden de medios afines a la opinión pública incondicional del gobierno. Creen que ganan algo con esas posturas. En fin.
La segunda vía se refiere a la procedencia u origen, como ya se apuntó, de la iniciativa para reestructurar el Estado y sistema político mexicanos. Debe considerarse que ajustes de fondo a las Fuerzas Armadas, como la desaparición formal del Estado Mayor Presidencial, la creación de la Guardia Nacional y por consecuencia la supresión de la Policía Federal modificaron las condiciones en las políticas de defensa, seguridad e inteligencia como resultado de un proyecto propio e interno de una fuerza política hoy gobernante en México. Es decir, es una agenda propia y no impuesta por un —al menos— cuestionable proceso judicial como el ya citado.
Afectación
Deben discutirse los escenarios ante la probabilidad de la inocencia y la culpabilidad con la misma intensidad, contrario a las descalificaciones personales. E incluso una vez iniciadas las audiencias, para el descargo de pruebas contra el militar mexicano, que no deben dejar el mínimo lugar a dudas. De lo contrario nos enfrascaremos en una desgastante polémica respecto de la manera en que se obtuvieron las pruebas, la supuesta cadena de complicidades y en el peor de los mundos entraremos a una estéril discusión sobre la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Temo afirmarlo, pero es lo que se prevé desde ahora.
Un largo y polémico proceso al general Cienfuegos implicará a su vez ese tan socorrido “enjuiciamiento” mediático al que me referí párrafos arriba, donde las suposiciones, insidias y especulaciones ocupan el lugar central de la discusión. Ojalá y esté equivocado.
Mientras tanto el gobierno debe tomar medidas para que el prestigio y buena imagen de las Fuerzas Armadas en general, y del Ejército Mexicano en particular, se vea afectada lo menos posible.