Muy intensos y agitados han sido estos meses de confinamiento. La paradoja de la relativa inmovilidad de la sociedad ha sido acompañada de violencia criminal, un notable cambio en los referentes de la política exterior y las relaciones internacionales —que desde luego no son lo mismo—, así como la preparación de las elecciones del 6 de junio del siguiente año. Estas son solo algunas, muy reducidas referencias de lo vivido, junto con los incuestionables efectos de la epidemia tanto en las prácticas sociales como en el sistema productivo en su conjunto.
Además del relevo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por razones electorales, las condiciones de incertidumbre que propicia la actividad criminal en varias partes del país exige a los funcionarios civiles una inmediata puesta en marcha de medidas específicas dirigidas al fortalecimiento y en su caso creación de policías municipales y estatales. La Guardia Nacional va cumpliendo sus metas, no obstante las dimensiones de los retos planteados para atenderlos en muy poco tiempo (un año y cinco meses).
De esa manera las elecciones intermedias, por dinámicas del sistema político, representan una efectiva evaluación del gobierno federal en turno, además del inicio del juicio y evaluación de las medidas aplicadas en todos los ámbitos y actividades del gobierno federal.
Por supuesto que la situación de la seguridad pública es uno de los renglones más importantes y sensibles para la población. De ahí que en el caso de haber determinación y liderazgo el tiempo restante deberá enfocarse a entregar un país a la siguiente administración en mejores condiciones de cómo se recibió.
Presupuesto
Las estadísticas y las incidencias en materia de seguridad pública y violencia criminal comparadas son fundamentales, pero de igual importancia será el hecho de la indispensable consolidación institucional y de un mejorado marco jurídico. Ahora sí, el tiempo restante para el gobierno federal es ajustado para lograr esos objetivos, pero siendo aquellos una absoluta prioridad del Estado (que no solo del gobierno) el empeño por alcanzarlos debe estar en el número uno de la lista en el sector seguridad en general.
Si bien el confinamiento parcial en México se anuncia con una duración de al menos hasta la disposición universal de la vacuna contra el virus, lo que de manera razonable no ocurrirá antes del verano del siguiente año, las políticas y programas en materia de seguridad pública de ninguna manera pueden aguardar hasta entonces. Como lo he apuntado en anteriores entregas los efectos del desempleo serán un aliciente para la comisión de delitos considerados menores, pero delitos y afectaciones al patrimonio al fin y al cabo. Así también la contención de actividades tan relevantes para la economía como es el turismo observará, según las propias organizaciones empresariales del sector, hasta una disminución de 90%, lo que anuncia desde ahora una verdadera crisis y probable bancarrota de miles de negocios relacionados con dicha industria.
Un indicador clave respecto de la importancia de la seguridad pública para las áreas civiles del gobierno y los legisladores será la asignación de los recursos procedentes del Presupuesto de Egresos de la Federación que en estos días debe quedar listo. Ya lo comentaremos con base en el viejo principio de la administración pública: presupuesto son prioridades.