Guacamaya Leaks
08 octubre 2022
Javier Oliva Posada
Columnas

GUACAMAYA: LA RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS

“Potenciales daños a los intereses de la nación”.

Me refiero al menos a la responsabilidad de los medios mexicanos, que con la gigantesca sustracción ilegal de información de áreas sensibles del Estado y el gobierno del país pueden sin duda alguna afectar no solo a las condiciones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, sino también al funcionamiento apropiado de la democracia.

Sucedió en otros casos recientes de apropiación y difusión de datos que afectaron —y de manera demostrada— procesos políticos y democráticos. Me refiero al Brexit (referéndum realizado el 23 de junio de 2016) en Reino Unido y a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde ganó de forma cuestionada Donald Trump (el 8 de noviembre de aquel mismo año).

Desde luego que los casos de Julian Asange y Edward Snowden son diferentes, puesto que se trata de dos situaciones en que la obtención de la información fue producto, ahí sí, de filtraciones deliberadas, en tanto que en el caso Guacamaya o en el de los llamados Panamá Papers sí se trató de asaltos informáticos.

Con estas variables se comprende de mejor manera que lo sucedido en el caso de México implica una sustancial diferencia, con la intención de afectar de forma expresa y de varias maneras al gobierno y a las instituciones en su conjunto.

Objetivos

Los libros clásicos sobre las funciones y misiones de los servicios de inteligencia se refieren a lo que se conoce como “el ciclo básico de la inteligencia”. En la conclusión del mismo la pregunta sustancial, básica y que mejor ilustra la dinámica de ese entorno, es: ¿para qué? (y no ¿por qué?). La diferencia en la formulación de ambas preguntas radica en que la primera conlleva un objetivo intrínseco.

Es decir, que desde el inicio y en el desarrollo de la elaboración de los procesos para formular posicionamientos, o como sucede en este caso, de los documentos obtenidos por Guacamaya, la sustracción de la información, la forma en que se da a conocer y sobre todo el momento nos remite, aunque sea de manera tenue, a saber el motivo y finalidades de la acción consumada.

Por eso es determinante que ante esas posibilidades medios de comunicación mexicanos, convencionales y digitales, procesen con sumo cuidado la información que van a compartir, que no por “ganar la nota” (como se dice en el argot periodístico) puedan afectar a la seguridad nacional y, sobre todo, a la integridad física de empleados y funcionarios del Estado mexicano, así como a los intereses nacionales.

La revelación de ciertos datos desde luego que puede comprometer de manera peligrosa la situación personal de quienes en condiciones de normalidad democrática han cumplido con sus misiones y seguido instrucciones apegadas a la ley.

En un clima de polarización como el que vivimos en México la afectación a la democracia por supuesto que puede ser agudizada ante las revelaciones de información considerada como sensible o secreta.

Dicha información, al ser difundida, se utilizará —como es natural— para alimentar de uno y otro lado posturas de exclusión, intolerancia y recriminación. Esa puede ser una de las respuestas al ¿para qué? de la difusión de los documentos de Guacamaya.

Con esto no se niega o excusa la comisión de actos violatorios de la ley ni mucho menos; lo que debe considerarse es la afectación y de forma directa no cumplir los objetivos de las filtraciones: profundizar el divisionismo en la última parte del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insisto, no es asunto de criticar o justificar al gobierno: se trata de potenciales daños a los intereses de la nación a partir del manejo inmediato o de corto plazo de información sensible.