LA DEMANDA DEL GOBIERNO MEXICANO

“Allí están los datos de las —por desgracia— frecuentes masacres en Estados Unidos”.

Javier Oliva Posada
Columnas
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No podía ser de otra manera: un recurso jurídico inédito en donde el gobierno de la República demandó a una serie de fabricantes norteamericanos de armas a propósito de la laxitud con que expenden sus productos porque, de acuerdo con los estudios, ocho de cada diez armas se venden en Estados Unidos y terminan en manos de delincuentes en México, desató la polémica.

Las reacciones son muchas, pero aparte del destino que tenga la exigencia de indemnizaciones se coloca el tema del tráfico de armas en el centro del debate.

Ya con anterioridad el embajador de México ante Naciones Unidas, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, señaló que buena parte de la ola de violencia que se vive en nuestro país tiene su origen en el trasiego de armas de alto poder.

Pero además, y de acuerdo con los informes de la ONU, el principal mercado de consumo de drogas, por si hacía falta destacarlo, es precisamente Estados Unidos.

De tal manera que de una parte llegan las armas y de la otra los consumidores alimentan el trasiego de drogas con su dinero y con sus vidas.

La manera en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aborda la contención y procesamiento del crimen organizado sin duda es diferente a lo que aplicaron las administraciones recientes. Por principio, la creación de la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública, con fuerte presencia militar y más aún con el anuncio de su desplazamiento administrativo y presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacional, marca un antes y un después en cuanto a la forma de abordar la problemática delictiva.

En estos términos, en la relación bilateral entre nuestros países compartir responsabilidades es la única manera de hacerle frente a un problema muy complejo, como es el tráfico de drogas y los delitos que le acompañan. Es cierto que en Estados Unidos es un derecho ciudadano y constitucional la posesión de armas (incluso de grueso calibre), pero tampoco puede negarse que una importante cantidad de esas armas llega a México con fines estrictamente delictivos.

Propuesta

Empresarios y voceros de los fabricantes de armas señalan que el problema es más bien de la corrupción en las aduanas de México, pero aunque fuera así, es sabido que la frontera más transitada en el mundo es en efecto la que compartimos con Estados Unidos y en ese sentido, hay que subrayarlo, es un asunto compartido que ninguna de las partes puede alegar violación a su soberanía o a sus leyes propias.

Hay tratados y convenciones internacionales para la compra y venta de armas. La cuestión es cuáles son aplicables a nuestros vecinos del norte.

Será muy interesante observar, por ejemplo, las reacciones en el Capitolio y aun ante la inminente llegada del nuevo embajador de Estados Unidos a nuestro país. Mientras tanto, como se apuntó, el tema está en los medios y exige por supuesto atención y análisis. Faltan, entre otros factores, los pronunciamientos de gobiernos latinoamericanos, así como de organizaciones sociales e instituciones de educación.

Es un debate que apenas comienza y esperemos traiga buenas consecuencias para ambas sociedades y gobiernos. Allí están los datos de las —por desgracia— frecuentes masacres en Estados Unidos. Tan solo se trata de una propuesta de control, no de una prohibición.