Los hechos del pasado miércoles 7 en Perú revelan aspectos que deben tomarse en consideración en el contexto de una región que ha vivido, desde su consolidación como naciones independientes, una permanente situación de inestabilidad política, económica, social y desde luego institucional.
Puede argumentarse que no es una realidad exclusiva de Latinoamérica, que hay otras partes del mundo que observan una naturaleza similar. Cierto. Pero en nuestros casos las políticas del desarrollo evidencian que en términos comparativos el peso de la macrorregión le distingue y perfila como una zona de potencia y proyección.
Golpes de Estado, asonadas, guerras civiles, revoluciones, protestas, guerrillas, devaluaciones y una larga lista de evidencias de agitación institucional y social es lo que ha caracterizado al área y lo hace también en el siglo XXI. Debemos recordar el largo periodo de gobiernos encabezados por militares, que inicia en Brasil en 1964 y concluye hasta mediados de la década de 1990, con precisión en 1993, cuando el general Augusto Pinochet pierde por una pequeña diferencia la continuidad en la presidencia de Chile.
De entonces a la fecha la vuelta y consolidación de la democracia ha observado periodos en general de riesgos de ruptura institucional: del Corralito en Argentina en 2001, hasta la reciente remoción de Pedro Castillo en Perú.
Justo por lo anterior es que debe analizarse, más allá de lo anecdótico o circunstancial, lo acontecido en ese importante país sudamericano y ponderar tanto las causas como los efectos que, sin duda, ya comienzan a observarse.
Estabilidad
Por principio de cuentas, como sucedió en el caso de Evo Morales al pretender un cuarto mandato presidencial violentando los preceptos constitucionales y generando una severa crisis política en su país, el presidente en funciones —más aún en un régimen político presidencialista— tiene una enorme responsabilidad en la conducción de los asuntos públicos, cuya misión central es preservar la estabilidad e institucionalidad del Estado.
Esto sin distingo de su trayectoria u origen ideológico. En el caso de Pedro Castillo, en su discurso de inauguración como presidente señaló que él era el primer indígena y campesino que gobernaría Perú. Una afirmación que remite a reconocer la consistencia y evolución tanto de la sociedad como de los grupos y élites que se disputan el poder, pero no es suficiente.
Su decisión de disolver el Congreso no obtuvo ni siquiera el apoyo de su formación política, Perú Libre, que votó a favor de su remoción junto con los partidos políticos adversarios del ahora exmandatario.
La nueva presidenta, Diana Boluarte, como su predecesor carece de experiencia política e igual procede de organizaciones sociales que no tienen que ver con los grupos y élites tradicionales de su país: en medio de la severa crisis política que vive Perú, necesitará algo más que buena suerte y voluntad para lograr estabilizar la situación.
Mientras tanto, en la dinámica de los actores en la coyuntura del país sudamericano las Fuerzas Armadas, que encabeza el general Walter Córdova Alemán, comandante general del Ejército (es decir, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y Policía Nacional), renunció al momento de la decisión del todavía presidente Castillo para disolver el Congreso. Sin embargo, se mantuvo en el cargo de mando y significa un factor muy importante de estabilidad ante la incertidumbre que genera la remoción de Castillo.
Ojalá y sea el principio del fin para la prolongada inestabilidad política en Perú.