El pasado 30 de junio, en el Campo Marte y siguiendo las indicaciones para evitar contagios entre el personal integrante de esta nueva institución, se realizó el evento conmemorativo de la Guardia Nacional para también entregar reconocimientos y hacer un muy emotivo homenaje a quienes cayeron en cumplimiento de su deber, así como de guardias nacionales que fallecieron a consecuencia de la epidemia.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, montó una guardia de honor en un muro con el nombre de los caídos en servicio.
Las intervenciones corrieron a cargo del comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.
También asistieron el almirante secretario de la Marina-Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
El contexto del evento en cuanto a seguridad pública fue y es, por lo menos, preocupante. Por supuesto que en el caso de la capital del país el atentado (sofisticado) contra el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como la serie de auténticas masacres, incluyendo la del miércoles 1 de julio en Irapuato o asesinatos como el de la rectora de la Universidad Valladolid en Veracruz, son indicadores de la persistente actividad criminal que día con día traspasa lo que de manera metafórica se llaman “líneas rojas”.
Tanto el general secretario como el comandante de la Guardia Nacional hicieron énfasis en dos puntos en sus discursos. El primero, el decidido compromiso con la sociedad y con las instituciones para contribuir a retomar el ambiente de seguridad y tranquilidad en todo el país; y el segundo, un notable recuento de los esfuerzos institucionales para consolidar a la Guardia Nacional y cumplir así con las más de 50 tareas que se le asignan en la ley, destacando por supuesto lo que corresponde a la confrontación y sometimiento de las distintas expresiones de las actividades de la delincuencia organizada y común.
Concurrencia
Por lo que hace al ambiente político y jurídico el primer aniversario de la nueva institución de seguridad pública fue precedido por al menos dos mediáticas controversias constitucionales, interpuestas por la diputada panista Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, y por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, respecto de lo que consideran como la ambigüedad del acuerdo presidencial publicado el 11 de mayo pasado a propósito de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Ya resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando las condiciones de la epidemia así lo permitan.
Sobre esta variable las autoridades sanitarias a nivel federal acaban de extender la fase de “máximo contagio” hasta el mes de agosto, con lo que las medidas de confinamiento deberán continuar y por lo tanto las tareas de apoyo, en este caso de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, seguirán. Sin embargo deben analizarse los efectos en el futuro a corto y mediano plazo en cuanto hace a la capacitación y adiestramiento del personal que integran las corporaciones de seguridad en general.
No hay duda de que en el inicio de su vida institucional y jurídica la Guardia Nacional tiene enormes retos por delante. Habrá de cumplirlos pero requiere, como he señalado en anteriores ocasiones, de la concurrencia de diversas áreas del poder civil a nivel federal, estatal y municipal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial.