Al momento de redactar esta colaboración no se realizan todavía los encuentros entre las delegaciones de Estados Unidos y el nuestro. Están programadas dos. Una en Palacio Nacional y la segunda en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabe destacar que de parte de EU se trata de la misión diplomática de más alto nivel que visita nuestro país.
Integrada por los titulares de los Departamentos de Estado, Seguridad de la Patria y de Justicia, da una idea nítida de la relevancia de los encuentros. Si bien estos serán a puerta cerrada, se estila un comunicado conjunto y en algunas ocasiones filtraciones pactadas. Esperemos que sea así.
Desde que tomó posesión como presidente el 20 de enero pasado, Joseph Biden enfrenta y procesa una muy diversa y compleja agenda nacional e internacional. Sin duda alguna las dimensiones de la seguridad (es decir, nacional, regional e internacional) forman parte central, junto con la consolidación económica, de al menos sus primeros dos años al frente de la Casa Blanca.
Sin embargo, de todos los temas y asuntos la salida de las tropas estadunidenses y de la Organización del Tratado Atlántico Norte de Afganistán impacta y genera un indispensable ajuste en el establecimiento de las prioridades geopolíticas de la primera potencia mundial.
Dentro de las varias muestras de los ajustes derivados del escenario afgano podemos observar el trato dispensado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La seguridad binacional es desde el comienzo la prioridad. Basta con analizar los perfiles de los funcionarios y la composición de las delegaciones que han visitado nuestro país. ¿En dónde se encuentra dicha relación, no obstante la distancia entre ambos contextos?
Oportunidad
Para Estados Unidos se trata, por un lado, de una severa y profunda revisión de sus prioridades geopolíticas para dimensionar la influencia de la República Popular de China en nuestro país y en Latinoamérica en general. Desde luego que, por otra parte, gravitan con enorme influencia los graves problemas derivados de la delincuencia organizada en sus distintas manifestaciones: tráfico de drogas, trasiego de armas, trata de personas, lavado de dinero y violencia criminal.
De la parte mexicana se anunció la insistencia en regular el mercado legal de armas en el país del norte. Debe apuntarse, y no se ha dicho o al menos no lo he registrado, que la propia sociedad de ese país resultaría beneficiada porque el control en la venta de armas evitaría de alguna manera la terrible frecuencia de las masacres (en promedio dos por semana). Hay que subrayar, y en pleno respeto a las leyes estadunidenses, que no se trata de prohibir la venta de armas pero sí de controlarla.
Otro aspecto fundamental es que si bien se pretende darle fin o conclusión a la Iniciativa Mérida deben sentarse las bases para una nueva fase de colaboración, cooperación e intercambio de información sensible con oportunidad. Ya se comentó que ese ambiente de entendimiento en la confrontación, sobre todo a la delincuencia organizada, pasa por bajos momentos y esta es una estupenda oportunidad para, con las características de cada uno de los gobiernos, sentar las bases de una nueva etapa.
Por distintas circunstancias la funcionalidad de ese instrumento de cooperación indica que se agotó, sea por anacronismo o bien porque el principal objetivo —que era implantar un nuevo sistema penal acusatorio— ya se cumplió.