LAS FUERZAS ARMADAS EN LAS ADUANAS

La cuestión ni es nueva ni tampoco le es ajena al personal naval.

Javier Oliva Posada
Columnas
oliva (1).jpg

Me permito continuar con el tema debido al enorme revuelo y justificada polémica que ha alcanzado la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para conferir a los militares el control de las que se consideran, por ley, instalaciones estratégicas.

En efecto: la distancia jurídica que hay entre el anuncio del presidente y su realización práctica conlleva un proceso que requiere el ajuste a varias leyes, así como una reingeniería administrativa e incluso física de las aduanas, por donde entran y salen mercancías que le imprimen una parte fundamental al dinamismo económico del país.

El tono del debate, sus argumentos y, por supuesto, las críticas a la decisión comentada me recuerdan lo que sucedió el pasado 11 de mayo cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo presidencial que no hacía sino reforzar el planteamiento de las reformas a la Constitución (once y seis artículos transitorios) de marzo del año pasado, también publicado en el DOF, a propósito de la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México en apoyo a la Guardia Nacional.

Para nuestra sorpresa hubo entonces incluso una diputada que, no obstante que ella misma votó a favor de dichas enmiendas constitucionales, interpuso un recurso de inconstitucionalidad —que aún no resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación— en contra del acuerdo de mayo, puesto que desde su punto de vista se incumplen especificidades como tiempo de intervención, lugar, responsabilidades, entre otros, cuando las Fuerzas Armadas intervienen en seguridad pública en apoyo a la consolidación de la Guardia Nacional.

Institucional

Al igual que en aquel reciente debate, ahora de nuevo se expresan temores y críticas a la “participación de los militares” en tareas que de origen, en efecto, no les son propias, pero tampoco les son ajenas. Sin embargo, en situaciones críticas como las que ahora enfrenta el país, agobiado por la crisis social y económica de la epidemia, el gobierno de la República y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ha debido recurrir a uno de los mejores recursos de la Administración Pública Federal para actuar de manera ágil y eficiente al atender, por ejemplo, la distribución de los recursos públicos de los programas sociales para atenuar la pobreza generada por el freno a la economía y el creciente desempleo. Ese recurso institucional son las Fuerzas Armadas, que por su naturaleza cuentan con una estructura de mando y una conocida cobertura de todo el territorio nacional, que como hemos visto en el caso del sistema hospitalario de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México contribuyen de manera notable para atender a los pacientes afectados por el virus.

En cuanto a que la Armada se hará cargo de las aduanas la cuestión ni es nueva ni tampoco le es ajena al personal naval: desde junio de 2017 la transferencia de las Capitanías de Puerto regresan a las tareas que por ley tiene la secretaría, como son la de Guardia Costera, Autoridad Portuaria Integral y la de Fuerza Armada encargada de la soberanía de nuestros mares. En efecto, fue en el sexenio de Luis Echeverría cuando se determinó que las mencionadas Capitanías pasaran a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La vigilancia en las aduanas también ya formaba parte de las tareas del personal naval. Lo novedoso del anuncio del presidente de la República radica en que debido a la corrupción imperante en las aduanas, así como por el creciente desafío de las bandas del crimen organizado, es que se hace necesaria ampliar las tareas de la Secretaría de Marina como consecuencia de sus capacidades y de la confianza del titular del Poder Ejecutivo en esa fuerza armada. Él mismo así lo expresó.