LAS FUERZAS ARMADAS Y LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Respaldo democrático, pluripartidista, político y legislativo.

Javier Oliva Posada
Columnas
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Antes de pasar al tema de esta colaboración quiero expresar mi sincera felicitación al equipo que encabeza nuestro director general, Jaime Aljure, y a todo el brillante equipo de Vértigo, que ha llegado al simbólico número 1000. Toda una travesía en medio de acontecimientos que han sacudido a México y el mundo, y que con base en su tesón y compromiso ha colocado a la revista como un referente en el periodismo como profesión. Me siento muy distinguido de poder colaborar en un proyecto que está en permanente construcción. ¡Felicidades!

El pasado lunes 11 en el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. En el primer párrafo se lee: “Se ordena a la Fuerza Armada permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación”.

De forma inexplicable este acuerdo, y en particular el párrafo transcrito, ha causado un enorme revuelo. Y sostengo inexplicable ya que se trata de una reproducción textual del artículo 5 transitorio del decreto de marzo del año pasado; es decir, ¡de hace poco más de un año! Además de que las reformas a once artículos de la Constitución y los siete transitorios del citado decreto se aprobaron por unanimidad (ni una sola abstención ni voto en contra) en el Senado de la República; con un voto en contra y ninguna abstención en la Cámara de Diputados; y por la totalidad de los 32 congresos locales.

Así, la creación de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública cuenta con un muy importante respaldo democrático, pluripartidista, político y legislativo para actuar en la recuperación de las condiciones de normalidad y vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional.

Datos, no consignas

Por eso resulta por lo menos extraño que incluso legisladores de los partidos minoritarios señalen su inconformidad respecto de algo que ellos mismos aprobaron junto con sus compañeros de bancada.

Lo mismo puede argumentarse de líderes de opinión y de organizaciones sociales que sin bases consistentes refieren términos más cerca de la propaganda que del análisis respecto de la “militarización” de la seguridad pública.

Si se tomaran la molestia de documentarse a propósito de lo que ese vocablo significa se darían cuenta, por ejemplo, de que México es el país de Latinoamérica que peor trata a sus Fuerzas Armadas respecto del gasto en proporción al Producto Interno Bruto: 0.5%. Solo nos supera Guatemala con 0.4%, mientras que en primer lugar se encuentra Colombia con 3.2%, es decir, poco más de cinco veces que México.

Tampoco hay gobernadores de extracción militar o funcionarios, además de los titulares de Defensa y Marina, en posiciones preponderantes de la administración pública y federal. Hay casi 400 mil policías locales frente a casi 300 integrantes de las tres Fuerzas Armadas.

En fin que con datos, no con consignas, la militarización nos es ajena del todo. Volveremos sobre el tema.