Mucho se debaten, tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación, y con razón, las tres propuestas que de manera pública el presidente Andrés Manuel López Obrador señala como prioridades para la segunda parte de su mandato: reformas en el sector energético, en el ámbito electoral y legislativo, así como el caso de la reasignación jurídica y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para darle contexto a esta última propuesta es conveniente tomar en consideración que en otras democracias consolidadas como la mexicana es una práctica común desde hace décadas que las instituciones de seguridad pública de presencia nacional, es decir, en todo el territorio de un país determinado, cuenten con una estructura en la que sus integrantes se forman bajo supervisión militar. Tal es el caso, por ejemplo, de la Guardia Civil española; la Policía Nacional de Colombia; la Gendarmería Nacional de Francia, y los Carabinieri en Italia, por mencionar algunos.
También es importante considerar que el anuncio del presidente de la República se plantea para ser propuesto al Congreso de la Unión, sin precisar mes, en 2023. Es decir, en al menos un año y medio.
Como sabemos la composición de la siguiente Legislatura no facilita la reforma constitucional porque se requieren 334 votos de los diputados para reformar el artículo 21. No obstante de inmediato se generó un intenso y (a veces) acalorado debate a propósito de algunas consecuencias, en este caso en lo que se refiere a los derechos humanos.
Instrumentos
Con información pública y disponible de la Secretaría de la Defensa Nacional se puede observar el importante esfuerzo, y sobre todo compromiso, para preservar siempre y en cada acción el respeto a los derechos humanos e incluso en peligrosas circunstancias para personal militar, cuando cumple funciones de apoyo a la seguridad pública en contra de peligrosos delincuentes. Por eso es importante conocer la relevancia que tiene la enseñanza y comprensión, tanto en el sistema educativo militar como en las pláticas, conferencias y talleres que se imparten de manera cotidiana en el conjunto de las instalaciones militares en todo el país.
Por ejemplo a partir del 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de mayo de 2021 se capacitó en materia de derechos humanos a 341 mil 711 soldados de todas las jerarquías: generales, jefes, oficiales y tropa, quienes adquirieron sus conocimientos en la materia como consecuencia del convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante la impartición de 37 cursos presenciales, videoconferencias y en línea.
También deben destacarse convenios internacionales para la difusión de la relevancia de los derechos humanos; por ejemplo con la Delegación Internacional de la Cruz Roja (México) mediante conferencias en línea que incluyen temas como Principales instrumentos internacionales de derechos humanos y Estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento del orden, entre otras muchas actividades que en próximas colaboraciones habré de referir.
Sin embargo hay un dato sustancial para difundir: la disminución de 50.03% en las quejas presentadas contra soldados ante la CNDH en lo que va del sexenio.
Lo anterior es necesario apuntarlo frente a diversos señalamientos a propósito de las preocupaciones ante la eventualidad del paso de la Guardia Nacional a la Sedena. Es importante hacer análisis documentados, con cifras, para lograr una mayor objetividad. Seguiremos con el tema.