Cualquier estructura u organización requiere de datos, información y argumentos para funcionar mejor. Esto aplica desde una familia hasta instituciones de carácter público, puesto que para la toma de decisiones es indispensable reconocer alcances y limitaciones. Así es como se consiguen los objetivos para limitar o prevenir los antagonismos. Por eso las democracias estables, como la mexicana, cuentan con un recurso sustancial como son los servicios de inteligencia civiles, enfocados a procurar las virtudes del conjunto de la sociedad.
Las empresas privadas, cualquiera que sea su dimensión, también requieren de información para mantenerse en el mercado y, desde luego, crecer.
La inteligencia de ninguna manera tiene por qué ser percibida como un ámbito arcano, recóndito o, peor aún, como una variable negativa. El desarrollo, por ejemplo, de una campaña de vacunación o de alfabetización requieren de datos específicos, de la geografía, las condiciones de comunicación terrestre, del perfil social y antropológico, para lograr las metas planteadas a partir de la certidumbre que aporta la realidad por sí misma.
En el caso de México, por sus características geográficas y su diversidad social, representa un factor de primer orden en el gran tablero de ajedrez mundial: procesando y sistematizando la información que generan las inherentes actividades de la paz y el desarrollo económico es como se planea el presente y futuro.
De acuerdo a los manuales especializados en esta materia, 90% de la información para la toma de decisiones es pública (puede consultarse el sitio de internet de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por ejemplo). Los bancos estadísticos y los datos electorales, por mencionar algunos, están al alcance de la opinión pública y de la ciudadanía en general. A partir de esas condiciones es como la articulación de los programas y políticas pueden o no tomar la ruta deseada.
Esquema
En el Diccionario de Inteligencia y Seguridad publicado por el Ministerio de la Presidencia de España (2013), la voz “inteligencia” (página 162) se define así: “Producto obtenido tras aplicar a la información técnicas de análisis, de forma que resulte útil al decisor a la hora de tomar sus decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible, siguiendo el ciclo de la inteligencia”. En esas condiciones la información recabada y procesada resulta sustancial para el funcionamiento de cualquier organización.
Bajo esos términos es que las democracias en general requieren del adecuado funcionamiento de los servicios de inteligencia civiles. Y este es un argumento polémico por diversas razones, como si ambos términos fueran excluyentes e incluso antagónicos. Más aún: en un entorno de una amplia agenda de seguridad internacional tomar las medidas adecuadas implica poner a buen resguardo las capacidades institucionales y jurídicas del gobierno en turno. De ahí que identificar los intereses de la nación implique observar más allá de las coyunturas, por complicadas que estas sean.
Es sustancial considerar que en el esquema de los estudios comparados en las Ciencias Sociales, y en particular de la Ciencia Política, la continuidad institucional y por tanto de estabilidad depende en buena medida de las consideraciones para la toma de decisiones sustentadas en los datos y la información apropiada. Esa es una garantía que lo mismo aplica para gobiernos locales que para estructuras nacionales.